Yunes y FGE, a la caza de políticos incómodos
-En una semana amenazan a diputados, abogados y medios de comunicación.
Por Ximena Aguirre
En la última semana, la administración estatal ha arremetido en contra de personajes que les están resultando incómodos. El primero fue el diputado perredista Sergio Rodríguez Cortés, quien fue destituido de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, para ser transferido a la de Turismo.
De igual manera, el pasado viernes se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del abogado y representante del despacho jurídico Ordóñez, Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, Fidel Guillermo Ordóñez Solana, misma que puso en alerta a aquellos que se han atrevido a cuestionar al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la supuesta autonomía y trabajo que ha realizado el abogado de los veracruzanos, Jorge Winckler Ortiz.
También esta misma semana circuló a través del portal de noticias Al calor político, una supuesta amenaza de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los reporteros de este medio de comunicación, a quienes supuestamente les sembrarían “armas y drogas” para poder fincarles responsabilidades y someterlos a la justicia.
FIDEL ORDÓÑEZ, ABOGADO INCÓMODO
Desde que arrancó la actual administración estatal, pero sobre todo desde que asumió la titularidad de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, el exsubprocurador de Justicia ha sido un fuerte crítico del actuar del abogado defensor de la familia Yunes Linares; ha cuestionado y puesto en tela de juicio prácticamente todos los casos que ha llevado a la cárcel a exfuncionarios de la administración estatal.
Ordóñez Solana se desempeñó como defensor del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hasta que fue destituido, cuando éste fue recluido en el penal de Pacho Viejo.
A decir del también exprocurador Fiscal en el estado, la supuesta orden de aprehensión que giró la FGE en su contra desde el pasado viernes se debe a las múltiples defensas y opiniones publicadas en varios medios de comunicación en torno al desempeño de la Fiscalía.
Consideró que la orden de aprehensión en su contra representa un atentado flagrante a los artículos 6 y 7 Constitucionales, relativos a la libertad de expresión y de opinión, mismas que son “garantías ciudadanas inalienables”.
Afirmó que no buscará ningún amparo, puesto que no es ningún delincuente, y que sabe que de ampararse la FGE podría argumentar que esos no son los delitos que se le imputan y cambiarlos por otros.