Han otorgado concesiones duplicadas

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-Entregadas a mineras 70 mil hectáreas en Actopan y Alto Lucero

DE LA REDACCIÓN

En Veracruz hay 70 mil hectáreas entre Actopan y Alto Lucero entregadas a empresas mineras mediante concesiones, alertó el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán.

En muchos de estos casos, explicó que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Energía (encargada de otorgar las concesiones) ha entregado concesiones duplicadas, pues un solo terreno ha sido concesionado en dos ocasiones a dos empresas diferentes.

Durante su participación en el Coloquio en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, añadió que las irregularidades son tan evidentes que informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado investigaciones sobre estas concesiones.

"Es irrisorio que en la acción misma de otorgar las concesiones hay una serie de irregularidades que han sido auditadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que le ha dicho a la Secretaría de Economía que a través de la Dirección General de Minas, ni siquiera han hecho el trabajo bien, ya que han entregado concesiones sobre concesiones".

En general, dijo que según reportes del Gobierno federal el 3 por ciento del territorio veracruzano está concesionado a empresas mineras y que los sitios en donde se ubican son de alta importancia hídrica, como la cuenca del río Bobos, en la zona costera lagunar del Golfo de México y en Los Tuxtlas.

La integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Ximena Ramos, explicó que del total, al menos 18 mil 923 hectáreas fueron entregadas a la empresa Candelaria Minning Group, a través de 12 concesiones. 

Señaló que la empresa Candelaria Minning Group tiene las concesiones en el polígono que abarca a los municipios de Alto Lucero y Actopan, pero que no se tiene mayor información porque ha presentado sus solicitudes para actividades de exploración de manera fragmentada.

Dijo que esto es evidente y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene la obligación de no entregar los permisos para explotación, ya que el objetivo de la empresa canadiense con este método es ocultar el tamaño real del impacto ecológico, social y humano en esta zona.