LSI favorecería fraude electoral

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-Beneficiaría al candidato del PRI

Por Juan David Castilla Arcos 

La Ley de Seguridad Interior podría formar parte de una estrategia gubernamental para contener movimientos sociales, ante un posible fraude electoral el año próximo.

Lo anterior pudo planearse para favorecer al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña. 

“No estoy de acuerdo con que proceda la Ley de Seguridad Interior, porque todo indica que es una especie de articulación política en favor de uno de los candidatos, principalmente del PRI”, considera Martín Aguilar Sánchez, investigador de la Universidad Veracruzana (UV). 

El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) señala que en México no hay antecedentes de elecciones presidenciales “limpias”.

El Gobierno pretende generar un marco legal negativo contra el candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador. 

“Parecería que uno de los sectores económicos y de la clase política del país lo que quiere es asegurar que si se genera un fraude haya todas las condiciones adecuadas para que la gente ni se movilice, crear las condiciones de miedo; más que de seguridad, de inseguridad”. 

La iniciativa debe ser rechazada por los diversos sectores de la población y, por ello, debe fortalecerse el movimiento social en contra de la misma. 

DEFIENDEN INICIATIVA EN VERACRUZ 

El PRI apoya dicha iniciativa en el Congreso del Estado. Juan Nicolás Callejas Roldán, coordinador del grupo legislativo del PRI, cree que la Ley de Seguridad Interior es benéfica para los ciudadanos. 

“Todos hemos advertido cómo se encuentra el estado en estos momentos en lo que se refiere a inseguridad, nos duele lo que sucede aquí y lo que viven diariamente los ciudadanos; para nosotros es muy importante que haya más seguridad y si esa ley la garantiza, estamos de acuerdo con ella”. 

El legislador priista reconoce que la inseguridad ha ganado terreno a nivel nacional y, por ello, se requieren medidas prudentes para atender dicha situación. 

Sin embargo, Callejas Roldán también defiende la propuesta del PRI a la presidencia de la república. 

Su postura refrendaría lo expuesto por académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. 

El diputado priista refiere que construir coaliciones para lograr la presidencia de la república ha sido un tema difícil para todos. 

LO POSITIVO 

Las secretarías de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, anuncian en un comunicado que la ley permitirá garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada. 

Se busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las Fuerzas Armadas.

Permitiría fortalecer el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales para que cumplan con su responsabilidad. 

En el mismo documento, se externa que el gobierno de México ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa de ley.

Se otorga facultades al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

CÓMO TE PUEDE AFECTAR LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La Ley de Seguridad Interior es un conjunto de leyes en la que se define la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México y que estipula en qué situaciones los militares pueden intervenir.  

El texto indica que “las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando éstas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”, hecho que ha sido criticado debido a la ambigüedad de la redacción y su posible interpretación. 

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el viernes 15 de diciembre, durante la última jornada del periodo ordinario del Congreso de la Unión de este año. La controvertida iniciativa fue aceptada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, en donde se rechazaron todas las reservas presentadas.  

Punto 1.

El artículo 15 señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en los estados y municipios tendrá la temporalidad de un año, sin embargo, este plazo puede prorrogarse por decisión del presidente, si éste considera que la amenaza a la seguridad interior persiste en algún territorio de la república mexicana.

Punto 2.

En el artículo 4 se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, esto mediante tácticas, métodos, armamentos y protocolos de sus elementos para controlar, repeler, o neutralizar actos de resistencia, esto de acuerdo a sus características y modos de ejecución.

Punto 3.

En el artículo 8 se precisa que las “movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político o electoral que se realicen de manera pacífica y conforme a la Constitución, bajo ningún motivo serán consideradas como amenazas, ni podrán ser materia declaratoria de protección a la seguridad interior”.

De acuerdo con información de la organización Mexicanos Primero, dentro de las amenazas de la Ley de Seguridad Interior que afectarán directamente a la sociedad mexicana se encuentran que ésta no generará controles para verificar la defensa de los derechos humanos ya que solo menciona que “se respetarán”, permitirá a las Fuerzas federales intervenir en protestas sociales si consideran que éstas no son pacíficas, aunque este punto ya fue modificado en la legislación en donde supuestamente afirmaron que no pasará bajo ningún motivo, y explica que las definiciones imprecisas permitirán que todo quepa dentro de la figura de la seguridad interior a criterio de las autoridades competentes en el país.

La situación ha sido criticada por distintos actores políticos que se oponen a la iniciativa, organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CNDH, organismos civiles, activistas, empresarios y periodistas de la sociedad mexicana.  

El tiempo dirá si esta decisión traerá “días oscuros para México”, como lo señala la columnista Elisa Alanís, pero el panorama de la situación no luce favorable para la protección de los derechos humanos.

La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que desde 2006 hasta julio de 2016 han recibido casi diez mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército mexicano, de las cuales dos mil casos han sucedido durante la administración actual, con más de 100 casos catalogados como graves.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DU), calificó en una rueda de prensa como “lamentable” que el Senado haya aprobado esta Ley de Seguridad Interior, y en el pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se pronunció sobre la legislación y envió sus preocupaciones en una carta dirigida al Senado.