Delegados federales cumplen a medias con declaración
-La gran mayoría optó por reservar su información patrimonial
Por Noemí Moreno/Flavia Morales
Los delegados federales en Veracruz cumplen con la transparencia a medias, aunque dan a conocer su declaración patrimonial, apenas 1 de los 32 funcionarios rastreados, aceptaron hacerla pública, el resto prefirió ocultarla al igual que la declaración de conflicto de intereses.
En el sitio https://1560000.org/ de la organización Data Cívica que abrió miles de bases de datos para exponer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios federales, se rastreó los nombres de los exdelegados, funcionarios en activo y los que recientemente tomaron protesta en el cargo en Veracruz.
Sin embargo de los 32 funcionarios federales en Veracruz, solo uno, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Antonio González Azuara, decidió hacer pública su declaración patrimonial, pero no su declaración de conflicto de intereses.
Algunos de los nuevos funcionarios que tomaron protesta este año, como el caso de Arturo Anaya Loera, delegado del Registro Agrario Nacional; Genaro Ruiz Arriaga, delegado de la Sagarpa; Alejandro Montano Guzmán, delegado de la Secretaría de Gobernación; o Anabel Ponce Calderón, recién nombrada en la Secretaría de Desarrollo Social, no han presentado su declaración pública al sistema.
También en la base de datos se encuentran los mandos militares de la Región Militar de La Boticaria, El Lencero, Minatitlán y Tuxpan, quienes tampoco hicieron públicas sus declaraciones.
De acuerdo a Data Cívica, se detectaron ciertos patrones que resultan evidentes: en primer lugar, los datos erróneos son comunes, también declaraciones patrimoniales donde los funcionarios reportan ingresos por puesto de 0 o de 1 peso, o, en el caso opuesto, en las que se reportan ingresos mensuales multimillonarios para funcionarios que son jefes de despacho. Es decir, datos erróneos.
“Más alarmante que los errores son, tal vez, las omisiones. En 2017, menos del 20% de los funcionarios que hizo una declaración patrimonial por inicio del cargo reportó algún ingreso. La gran mayoría de los funcionarios optó por reservar su información patrimonial y declaró no tener ningún conflicto de interés”, señala el informe.
La entrada en vigor en junio de 2017 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas significa que la prerrogativa antes dada a los funcionarios de optar por omitir su información patrimonial y su información de conflicto de interés va a desaparecer, según el artículo tercero del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la Obligación de presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, publicado el 14 de julio de 2017.