Ofrecen dinero a familias de los 43 normalistas por su silencio
-Gobierno mexicano ha intentado sobornarlos, acusan
Por Juan David Castilla Arcos
El Gobierno mexicano ha intentado sobornar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que cesen su búsqueda.
Eleucadio Ortega Campos, padre de Mauricio Ortega Valerio, denunció que la Federación les ha ofrecido hasta cinco millones de pesos a cambio de su silencio.
“El Gobierno mexicano nos ha ofrecido dinero, pero nosotros no aceptamos y por eso estamos exigiendo la presentación de los 43 estudiantes, porque sabemos que él (Gobierno mexicano) se los llevó. Nos ofrecen unos cuatro o cinco millones de pesos a cada familia, no queremos dinero, nosotros queremos a nuestros hijos”.
El señor participó en el Foro Desaparición Forzada y Verdades Históricas, a Cuatro años de la Noche de Iguala, realizado en el auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV).
En el lugar, mencionó que el Gobierno Federal ha intentado dividir a los familiares de las víctimas, ofreciéndoles recursos económicos.
“Estamos en pie de lucha hasta llegar a la verdad, el Gobierno nos ha querido dividir por el dinero, pero nosotros no aceptamos eso”.
Además, consideró que las notas “falsas” sobre la presunta aparición de algunos normalistas corresponden a una estrategia del mismo gobierno.
“Es la mentira del gobierno. Esas mentiras nosotros no aceptamos, queremos la verdad, que nos digan la verdad”.
Eleucadio recordó que el 26 de septiembre de 2014, policías municipales, estatales y ministeriales de Guerrero, así como policías federales y elementos del Ejército Mexicano, al servicio de la delincuencia organizada, desaparecieron a los 43 normalistas, asesinaron a tres e hirieron a más de 20.
“Las fuerzas de seguridad que agredieron a nuestros hijos pertenecen al actual gobierno”.
A su juicio, el dolor de las madres y padres se ha agravado por la falta de una investigación diligente, imparcial, independiente, y pronta.
Y es que durante estos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) ha simulado una investigación que concluyó con una supuesta verdad histórica, que adolece de inconsistencias científicas y reales.
La PGR se niega a profundizar y avanzar en las indagatorias recomendadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e insiste en que las investigaciones concluyeron bajo el argumento de que los estudiantes fueron asignados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Encubren a funcionarios de alto nivel implicados en el caso”.