En la indefensión, ciudadanos de 80 municipios
-Por cierre de oficina de Profeco
Por Verónica Huerta
El cierre de la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) deja en la indefensión al ciudadano y representa una violación al derecho humano consagrado en el artículo 28 Constitucional. Además, el Gobierno Federal elimina estas oficinas sin antes haber modificado el reglamento y leyes, señaló la representante legal del Barzón, María Teresa Carbajal Vázquez.
En conferencia de prensa, la jurista indicó que el artículo 1° Constitucional señala que todas las autoridades deben procurar la protección a las personas y al quitar la subdelegación Profeco, el Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, coloca al ciudadano sin herramientas o mecanismos para defenderse de los posibles abusos en precios que ofrecen tiendas comerciales o prestadores de servicios.
Refirió que en Veracruz, la Profeco contaba con la subdelegación en Xalapa, localizada en la calle Hidalgo, colonia Centro, la cual atendía a 80 municipios aproximadamente; la otra es la oficina de la delegación en el puerto de Veracruz y además había un módulo en Coatzacoalcos que daba el servicio en el sur.
“Llama la atención la manera tan silenciosa en cómo se lleva a cabo la subdelegación, no solo en Xalapa, sino en el país están desapareciendo subdelegaciones”, dijo.
Al cerrar la oficina en Xalapa, la Profeco colocará al consumidor en una desventaja, porque ahora deberá viajar al puerto de Veracruz para interponer sus quejas y asistir a las audiencias.
“En nada abona esta medida para reducir la brecha entre ricos y pobres, porque la justicia del consumidor será una justicia para ricos, porque quién tenga la posibilidad de ir al puerto de Veracruz a interponer su queja lo hará, y además tendrá que dejar de laborar un día para asistir al puerto”, afirmó Carbajal Velázquez.
Finalmente consideró que el Gobierno Federal debe informar a la población cuáles serán los mecanismos a seguir tras el cierre de Profeco en Xalapa, porque dejan en la incertidumbre al ciudadano que ya interpuso una queja, o aquellos que apenas desean reclamar a alguna empresa por un mal servicio recibido o un precio equivocado.