Turquía suspende a 15 mil empleados de la Educación

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-El Gobierno asegura que ha enviado a EE UU pruebas para pedir la extradición del clérigo Fetulá Gülen

AGENCIA

La “limpieza” anunciada por el presidente Recep Tayyip Erdogan la misma noche del fallido intento del golpe de Estado no ha quedado circunscrita a las fuerzas de seguridad. A medida que avanzan los días se extiende a todos los departamentos de la Administración pública en unos hechos que, si tienen algún precedente, sólo pueden ser las purgas desatadas tras el golpe, este sí exitoso, que dieron los militares en 1980. El objetivo es extirpar de la vida pública a todo funcionario o empleado sospechoso de estar relacionado con la comunidad de Fethullah Gülen, a la que se acusa de estar tras la sublevación militar. 

Si hasta el lunes más de 13.000 empleados de los departamentos de Justicia, Interior y Finanzas habían sido suspendidos, este martes tocó el turno a cerca de otros 40.000, la mayoría ligados al Ministerio de Educación, aunque también fueron cesados e investigados 100 funcionarios de los servicios secretos -por haber formado supuestamente “células durmientes”-, 257 de la oficina del primer ministro, 393 del Ministerio de Familia y Políticas Sociales y 492 de la Dirección de Asuntos religiosos. 

“(El intento de golpe de estado) ha mostrado que debemos luchar de forma decidida contra todas las personas y organismos ligados a la organización terrorista y expurgar sus actividades de las instituciones. El Ministerio de Educación Nacional está trabajando (para descubrir) a todos los empleados públicos que se mantienen en comunicación con la organización FETÖ (como se denomina al grupo de Gülen) en las escuelas y en los centros de educación privados y en todos los organismos”, explicó el Ministerio en un comunicado en el que anunció la “suspensión” de 15.200 funcionarios y el inicio de una investigación sobre sus actividades. Además, la agencia Reuters citó a un responsable de dicha institución que anunció la revocación de la licencia de 21.000 profesores del Estado que ejercen en instituciones privadas.