Turquía declara el estado de emergencia durante tres meses

-La purga tras el intento de golpe de Estado afecta ya a 60.000 personas

262 jueces y fiscales militares han sido suspendidos y 99 generales están procesados

AGENCIA

En medio de una purga que ya afecta a más de 60.000 personas, el Gobierno turco ha declarado el estado de emergencia durante tres meses para controlar la situación tras el fallido intento de golpe de Estado, y para garantizar la estabilidad económica, según ha anunciado este miércoles el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante su intervención, el presidente ha explicado que la medida pretende combatir "la amenaza a la democracia".

El Consejo de Ministros ha aprobado el estado de emergencia bajo recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, que ha mantenido esta tarde una larga reunión. La medida, regulada por el artículo 120 de la Carta Magna, impone severas restricciones a derechos constitucionales como la libertad de movimiento, la de reunión y la de expresión. Permite imponer toques de queda e impedir el tráfico o el paso por determinados lugares a voluntad de los encargados de su aplicación en cada provincia, habitualmente los delegados del Gobierno. Además, permite hacer registros sin autorización judicial previa y obliga a las personas que quieran trasladarse a diversos puntos del país a solicitar un permiso especial.

Durante estos tres meses, las autoridades tendrán potestad de prohibir o censurar publicaciones de prensa, radio, televisión y actuaciones culturales, como obras de teatro o películas. La importación de todo tipo de publicaciones y obras producidas fuera de la zona donde rige el estado de emergencia -en este caso, toda Turquía- quedará sujeta a autorización previa. Además, los trabajadores podrán ser despedidos sin tener en cuenta los convenios laborales, excepto en condiciones especiales.

En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional participaron varios ministros y los comandantes de los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería. Tras esa cita, se celebró un Consejo de Ministros que había sido convocado -bajo la presidencia de Erdogan, no del primer ministro, Binali Yildirim- con un único punto en el orden del día: evaluar la situación en el país tras la fracasada sublevación militar.

Durante una rueda de prensa, Erdogan se ha defendido de las posibles críticas. Nadie de fuera "tiene derecho a criticar las decisiones que tomamos, antes que se miren ellos mismos", ha afirmado. Anteriormente, el presidente turco había apuntado, en una entrevista con la cadena Al Yazira, que países extranjeros podrían estar involucrados en el golpe de Estado fallido. "Como comandante en jefe, limpiaremos junto a nuestros soldados todos los virus de las Fuerzas Armadas", ha dicho el presidente turco.

De los 118 generales y almirantes detenidos -cerca de un tercio del total que hay en Turquía-, la mayoría ya ha declarado ante los fiscales que instruyen la causa sobre el intento golpista. Solo tres han sido puestos en libertad, mientras que a 99 se les ha enviado a prisión preventiva bajo los cargos de “subvertir el orden constitucional” e “intento de asesinato del presidente”, entre otros.

Uno de los militares que ha pasado a disposición judicial, el teniente coronel Levent Turkkan, ayudante de campo del Estado Mayor, ha reconocido su participación en el golpe -aunque aseguró que posteriormente se "arrepintió" al ver que se disparaba contra civiles desarmados- y su adscripción a la comunidad que dirige el clérigo Fetulá Gülen. Turkkan, que en fotos publicadas por el diario Hürriyet aparece cubierto de moratones, aseguró que otros altos mandos oficiales sublevados también pertenecían a la red gülenista y explicó que parte del fracaso del golpe se debió a que no lograron convencer al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Hulusi Akar, de unirse al complot.

Por otro lado, las purgas iniciadas en la Administración del Estado continuaron en varios ministerios y con especial hincapié en el sector de la educación: 6.538 maestros fueron suspendidos de su empleo, con lo que el número de funcionarios cesados, despedidos y apartados de sus cargos desde el sábado se acerca ya a los 60.000, a los que hay que añadir casi 11.000 detenidos por implicación directa en el alzamiento, en su mayoría militares.

Además, a los profesores y empleados de las universidades se les prohibió salir al extranjero y se exigió a los que participan en intercambios fuera de Turquía que regresen de inmediato. Según una fuente del Gobierno consultada por este diario, tanto las suspensiones como la prohibición de viaje son “medidas temporales para facilitar la investigación” de lo sucedido y evitar que los implicados escapen del país. “Las universidades han sido siempre muy importantes para las juntas militares en Turquía y se cree que ciertos individuos estaban en contacto con células de los militares”, añadió la fuente.

ALARMA

Las organizaciones de derechos humanos y hasta la ONU han mostrado su “alarma” por lo que está ocurriendo en Turquía y exigen que se respeten los procedimientos legales en la investigación sobre el golpe. Una de las últimas víctimas ha sido la revista satírica Leman, cuyo número especial sobre el golpe de Estado fue secuestrado por la policía antes de salir de imprenta. 

La agencia crediticia Standard & Poor’s anunció también que rebaja la nota crediticia de Turquía de BB+ a BB con perspectiva negativa, mientras las dos otras grandes agencias de calificación, Fitch y Moody’s, valoran qué decisión tomar. La Bolsa de Estambul se ha desplomado a medida que avanzaba la semana y la lira ha caído a mínimos no vistos desde hace un año. Con todo, el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, ha excluido que se vayan a imponer “controles de capitales”.