Cierra España caso de corrupción
-El más grande de su historia
AGENCIA
Gürtel, el caso de corrupción más extenso de la democracia española llega a su fin.
Tras ocho años de investigación y un histórico juicio en el que incluso el presidente Mariano Rajoy debió testificar, los jueces de la Audiencia Nacional emitirán su sentencia.
La resolución judicial afectará sólo a la primera etapa (1999-2005) de actividad de la extensa red criminal liderada por el empresario Francisco Correa, que intermediaba para cobrar comisiones ilegales de empresas que deseaban obtener licitaciones de obras adjudicadas por distintos gobiernos regionales y nacionales del Partido Popular (PP).
En el banquillo escucharán la sentencia 37 acusados. El principal es Correa (para quien la Fiscalía reclama 125 años de cárcel), junto a diez ex altos cargos del PP, y especialmente el antiguo tesorero del partido, Luis Bárcenas, para quien se piden 39 años de prisión. Además, habrá tres partícipes a título lucrativo: uno es el propio Partido Popular y otra una de sus exministras, Ana Mato.
La fiscal Anticorrupción responsable del caso, Concepción Sabadell, presentó el 24 de octubre un escrito de conclusiones demoledor en el que acusó al PP de haberse beneficiado de fondos obtenidos ilegalmente.
La fiscal afirmó en un alegato que duró 12 horas que las pruebas determinaban “de manera incontestable” la existencia de una “caja negra” en el PP en la que Bárcenas almacenaba el dinero de las comisiones ilegales logradas por funcionarios electos, con el que luego pagaba sobresueldos a miembros del partido. Estas cuentas paralelas se conocieron gracias a investigaciones periodísticas que llevaron a la publicación de los llamados “papeles de Bárcenas”.
Sabadell destacó que no se trataba de “casos aislados” de corrupción, sino de un “sistema integral levantado para hacer dinero”, y que el PP “se benefició” de esa trama, construida por iniciativa de Francisco Correa, que aprovechaba sus buenas relaciones dentro del partido para hacer de intermediario con los empresarios dispuestos a pagar hasta un 4% de comisiones por lograr contratos públicos.