Ecuador le otorgó ciudadanía a Assange
AGENCIA
La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, confirmó ayer que su país concedió la naturalización al fundador de WikiLeaks, el australiano Julián Assange, en diciembre pasado.
Así lo aseguró en una declaración a la prensa en la que confirmó que se le concedió la naturalización el 12 de diciembre pasado luego de que Assange la pidiera a la Cancillería el 16 se septiembre de 2017.
"Lo que hace naturalización es darle un anillo más de protección al asilado y no altera, de ningún modo, más bien fortalece su condición de persona internacionalmente protegida", indicó la titular de la diplomacia ecuatoriana.
Añadió que cualquier movimiento del asilado fuera de la Embajada es un tema que "se debe acordar previamente con el Reino Unido", algo que estaban analizando, dijo.
Y apuntó: "el mandato que tenemos y la obligación internacional y nacional es cuidar y proteger la integridad de Julián Assange y sus derechos humanos. Mientras esas condiciones no estén dadas, nosotros difícilmente podríamos pensar en una salida del asilado de las oficinas de la Embajada de Ecuador en Londres".
La titular de la diplomacia ecuatoriana señaló que el problema de Assange "no es el tema de enfrentar a la justicia británica. Son temores fundados que tenemos sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino por parte, posiblemente, de terceros Estados", dijo.
El viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, comentó que Assange tiene ahora "los derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior e igualdad de los extranjeros en el país".
Espinosa indicó que la decisión de otorgar la naturalización a Assange se fundamentó en artículos de la Constitución, de la Ley orgánica de movilidad humana, en apartes de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiados y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En virtud de esas normas, el Gobierno ecuatoriano, está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar "su inclusión al Estado que lo acoge", puntualizó.