Suspende Israel plan de expulsión
-De miles de africanos
AGENCIA
La Corte Suprema israelí suspendió un plan gubernamental que prevé la expulsión inminente de miles de inmigrantes africanos que entraron ilegalmente al país, según la sentencia divulgada este jueves.
Tras la apelación de organizaciones de defensa de los migrantes, el alto tribunal dejó en suspenso el plan hasta el 26 de marzo, y dio al Estado hasta esa fecha como plazo para argumentar su defensa.
El gobierno de Benjamin Netanyahu quiere expulsar a miles de eritreos y sudaneses que entraron ilegalmente en el país y no tienen ninguna demanda de asilo en curso.
El gobierno les dio a elegir: irse antes de principios de abril de regreso a su país de origen o a otro país o ingresar a la cárcel.
El plan está destinado inicialmente a los hombres solos que no han solicitado asilo o cuya demanda fue rechazada.
Las autoridades no indicaron hacia cuales países podrían ser expulsados los migrantes, sabiendo que Israel reconoce tácitamente que no pueden ser enviados de regreso a Sudán o Eritrea sin poner en riesgo su vida.
El régimen eritreo fue acusado por la ONU de crímenes contra la humanidad "generalizados y sistemáticos".
En lo que respecta a Sudán, su presidente Omar el-Beshir es objeto de orden de captura de la Corte penal internacional por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
El gobierno israelí habría decidido entonces expulsar a esos inmigrantes hacia terceros países como Uganda y Ruanda, según organizaciones de ayuda a los migrantes. Pero ambos países desmintieron.
Las organizaciones que habían acudido a la Corte suprema denunciaban especialmente la ilegalidad de las expulsiones hacia terceros países. Según ellas, solo el Parlamento y no el gobierno puede validar un acuerdo de este tipo.
La decisión de la Corte suprema ocurre el día en que Israel anunció el cierre del centro de retención para migrantes africanos de Holot, en el sur del país, cuyos residentes pueden ahora o dejar el país o arriesgarse a la cárcel a partir del 1 de abril.
El plan de expulsión del gobierno, anunciado el 3 de enero, provocó muchas críticas, en especial del Alto comisionado para los refugiados de la ONU, y también en Israel por parte de algunos sobrevivientes del Holocausto y sectores de la sociedad civil.