Yarrignton, se declara inocente

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AGENCIA

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró ayer no culpable de los cargos de participar en una confabulación del crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros.

Yarrington, de 61 años de edad, compareció este jueves por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, tras haber sido extradito de Italia el pasado viernes.

El exgobernador decidió desatender una petición del abogado defensor que le fue asignado por la Corte, Carlos Noé Monarrez, para que se pospusiera la audiencia de detención a fin de tener tiempo de revisar el cúmulo de información relacionada con el caso.

El juez federal Ronald Morgan, decidió entonces continuar con la audiencia de detención.

Yarrington renunció a que se le leyera la acusación y optó por declararse no culpable de los 11 cargos emitidos en su contra por un gran jurado en mayo de 2013.

El juez Morgan ordenó entonces que el exgobernador permanezca detenido sin derecho a fianza al considerar que no existen condiciones que razonablemente aseguren la comparecencia del demandado en otros procedimientos judiciales.

Monarrez, el abogado defensor de oficio asignado a Yarrington, había preparado una moción pidiendo a la Corte posponer la audiencia.

En la moción, Monarrez argumentaba que el caso le fue asignado apenas el pasado 24 de abril y que en el curso de su preparación para la audiencia de detención de este jueves fue notificado de que existe información significativamente relevante y que necesitaba de más tiempo para poder revisarla.

Yarrington, sin embargo, optó porque el procedimiento prosiguiera sin atender la recomendación de su representante, aun cuando fue el propio exgobernador quien el pasado lunes, en la primer audiencia, solicitó al juez se le asignara un defensor de oficio.

El juez le advirtió entonces y le volvió advertir este jueves, que, si en un futuro llegaba a contratar a su propio abogado, tendría que devolver a la Corte el dinero para pagar al abogado designado.