CNDH detectó nuevo error en caso Ayotzinapa

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AGENCIA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó una nueva pifia por parte de las autoridades federales que llevan las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, suscitada en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) vinculó a proceso por el caso Iguala a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, detenido en marzo de este año por la Policía Federal. Sin embargo, la CNDH informó que la identidad del inculpado, quienes profesor de educación física, “no corresponde con la de El Güereque o La Rana, a quien los autores materiales señalaron como su cómplice”.

El 12 de marzo pasado, en conferencia de prensa conjunta, la PGR y la PF, informaron de la detención de una persona que fue identificada, en los medios de comunicación, como Erick Uriel Sandoval Rodríguez, atribuyéndole el sobrenombre de La Rana, presunto partícipe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El detenido presentó queja ante la CNDH alegando que su detención se debió a una confusión y a un grave error. Planteó no ser la persona a la que los acusados de la desaparición de los normalistas se refirieron en sus declaraciones.

El organismo nacional detectó que en sus respectivas declaraciones, los acusados sólo refieren el apodo de su cómplice: La Rana o El Güereque y que no mencionan nombre alguno.

En un largo documento difundido, la CNDH lamentó que en lugar de proceder a realizar las diligencias pertinentes para remediar la irregularidad que ella misma produjo y que tiene a la persona equivocada en prisión, la PGR hizo uso del tiempo que con prudencia esperó la CNDH para dar a conocer a la opinión pública este asunto -con el fin de no entorpecer las investigaciones oficiales- para buscar evidencias que hasta hoy día después de 3 años, 8 meses y 23 días de los hechos en Iguala, no han aparecido, para inculpar Sandoval Rodríguez, “lo cual, desde cualquier punto de vista, es inaceptable”.

Por ello, la CNDH hizo de conocimiento de este caso a la Secretaría de Gobernación, como instancia del gobierno federal a cargo de las políticas públicas federales en materia de derechos humanos.