Con Macri pobreza sube a más de 27%

AGENCIA

Dirigentes sindicales y sociales expresaron su indignación y rechazo al mensaje del presidente Mauricio Macri quien habló este jueves de una situación “casi ideal” que no existe en Argentina, “mintiendo en los mismos términos que lo hizo en la campaña electoral”, mientras las cifras oficiales indican que la pobreza aumentó a más de 27 por ciento, la indigencia en cinco por ciento y 12 millones de familias están en la pobreza, en momentos en que unas 60 mil personas quedaron sin empleo en la industria en sólo los últimos dos meses de este año y una cifra similar en otros rubros.

En un ambiente también caldeado por el hecho de que fue la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien anunció el acuerdo con este país este miércoles con una bandera argentina detrás “como si fuera un anuncio de quien gobierna Argentina” mientras el dólar volvió a dispararse después de un ligero retroceso, ubicándose en un momento en 41 pesos por dólar para cerrar en 40.60 y se conocen las imposiciones de este nuevo compromiso con el FMI, que significan más y duros ajustes en una situación de crisis, que para algunos medios del exterior indican el colapso total y un estallido social.

Macri hablaba de las bondades de su gobierno, cuando se conoció que el Ejecutivo apeló del fallo por medio del cual la juez federal Adriana Cammarata, le ordenaba restituir todas las pensiones dadas de baja a personas con discapacidad que en 2017 dejaron en la exclusión total a 170 mil discapacitados. Además por resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada en el Boletín oficial se establece que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión, se presente en el lapso de 10 días en la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES) porque supuestamente tiene que llenar una cantidad de nuevos requisitos y si se considera que no los cumplen serán dados definitivamente de baja.

Los defensores de personas discapacitadas consideran que los requisitos que se plantean están pensados para restringir la entrega de pensiones y además son “anticonstitucionales” ya que se basan en un decreto de 1997 sin que se cumpla con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina suscribió en 2008. Esto sirvió asimismo para dejar sin pensiones a esas 170 mil personas, pero también muchos niños discapacitados dejarán de percibir el subsidio.

Los organismos de derechos humanos, a su vez, consideran que es una grave violación a estos, entre otras que se demandan al gobierno macrista, como la persecución política, utilizando a una justicia totalmente dependiente de esta administración, los presos políticos, las víctimas de represión, entre ellas varios jóvenes, la “irracional persecución a la comunidad mapuche y de otras etnias para ceder esos territorios a empresas transnacionales”. También los crímenes de Estado como los de Santiago Maldonado (2017) y Rafael Nahuel (2017) y de otros jóvenes asesinados por la espalda por fuerzas de seguridad cuyos autores no son castigados.