El Independentismo catalán se fractura
AGENCIA
La fractura en el independentismo catalán ya se hizo patente en el propio Parlamento, donde tenían garantizada la mayoría. El voto de los diputados presos o huidos es el origen de la controversia entre las dos formaciones nacionalistas hegemónicas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), que se comprometieron a garantizar al menos la estabilidad del gobierno hasta que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra los 23 líderes independentistas procesados por su actuación en la declaración unilateral de independencia del año pasado y por la que fueron imputados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
La semana pasada se vislumbró la honda diferencia de estrategias que tienen ERC y JxCat; los primeros son partidarios de respetar los dictámenes judiciales y de asumir las recomendaciones del equipo de letrados del Parlamento catalán, mientras que los segundos, que están siendo dirigidos por Carles Puigdemont desde Bélgica, optaron por una estrategia de desobediencia a las resoluciones del Tribunal Supremo.
Esta diferencia de criterio provocó que la mayoría independentista perdiera cuatro votos, que son los que corresponden a los diputados nombrados por JxCat y que están en prisión o huidos, entre ellos el propio Puigdemont, además de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez. El propio presidente del Parlamento, Roger Torrent, que es además dirigente de ERC, anunció que no reconocería la fórmula elegida por sus aliados para el voto de esos legisladores, con lo que perdieron automáticamente la mayoría exigua que tienen en la Cámara. La decisión de anular los votos de esos cuatro diputados se adoptó en una votación en la Mesa del Parlamento y gracias a los votos de ERC y el Partido Socialista de Cataluña.
Las resoluciones que no pudieron sacar adelante eran simbólicas, pero importantes para el sector nacionalista. Una de ellas fue la impulsada por el tercer aliado por la secesión, los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que presentó una moción a favor de la autodeterminación de Cataluña, en la que quería constatar la "persecución política y la existencia de presos políticos y exiliados”.
Los letrados del Parlament explicaron en su informe que las delegaciones de voto de los diputados suspendidos de JxCat contravienen el dictamen del Tribunal Supremo y pone en riesgo las votaciones en el pleno. “Tenemos la obligación de proteger la democracia encontrando soluciones con rigor y honestidad. Basta de retórica y simbolismo de corto recorrido”, advirtieron desde ERC para responder a los ataques de las filas de JxCat y del propio Puigdemont, quienes desde las redes sociales criticaron la decisión y defendieron la “legalidad” de su maniobra para garantizar el respeto al resultado electoral de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.