SFP sin facultad para investigar Odebrecht
AGENCIA
Al comparecer ante la Cámara de diputados, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, sostuvo que esta dependencia no puede investigar las denuncias por soborno del caso Odebrecht ya que no cuentan con la facultad para ello, por lo que sólo han hecho indagatorias por irregularidades administrativas.
Además, afirmó que se investiga el patrimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, pero dijo no poder dar detalles ya que están en la fase de “aclaraciones” por parte de ambos.
La funcionaria federal acudió ayer martes a la Cámara de Diputados para comparecer ante los integrantes de las Comisiones Transparencia y Anticorrupción, así como de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, como parte de la glosa del sexto informe de gobierno federal.
Gómez afirmó que han realizado diligencias en los últimos dos años relacionadas con el libramiento de Cuernavaca, contrataciones entre entidades públicas y universidades, actividades de rehabilitación tras los sismos de 2017 y las denuncias sobre el caso Odebrecht y sus filiales.
“En estos y en otros casos se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva e insisto, conforme a las facultades de la SFP y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos. Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan cuando se tratan de empresas”, indicó.
Explicó que desde que se emitieron señalamientos legales en Estados Unidos por una red de corrupción relacionados con Odebrecht, la dependencia inició un expediente de investigación en la unidad de responsabilidades de Pemex y una auditoría, en la que se detectaron 21 filiales relacionadas con la empresa.
Las indagatorias se acotaron sólo a los expedientes que coincidieran con los tiempos en los que las denuncias apuntan a presuntos sobornos. Se analizaron contratos con las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato.
Aseguró que es esta empresa a la que la SFP le han aplicado la sanción más alta de carácter administrativo que supera los mil millones de pesos, y dijo que México es el único país que le ha aplicado multas administrativas, pero insistió en que éstas no son por los casos de soborno, sino por irregularidades en la ejecución de los contratos y costos indirectos, duplicidad de servicios y simulación del cumplimiento de garantías de obligaciones contractuales.