Prohíben protocolo que autoriza disparar por la espalda
AGENCIA
El juez porteño Roberto Gallardo prohibió la aplicación en Buenos Aires del nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que autoriza disparar, incluso por la espalda sin dar la voz de alto y por simples sospechas de que alguien podría estar armado o preparado para delinquir, flexibilizando y ampliando el uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad, una medida que fue calificada de impunidad para matar por juristas, políticos e integrantes de organizaciones de derechos humanos.
La resolución provocó una serie de denuncias de distintos sectores de la sociedad, incluso juristas propusieron un juicio político contra Bulrich. Amnistía Internacional intervino también ante lo que buena parte de la sociedad considera una pena de muerte encubierta.
Dentro de Cambiemos, la propia alianza gobernante, se rechazó esta decisión; la diputada Elisa Carrió advirtió que el protocolo viola los derechos humanos, aunque luego sostuvo que sólo si estuviera en las normas del Código Penal se podría imponer.
El cuestionado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que el juez Gallardo tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia, lo que es común en este gobierno, que amenaza y persigue a jueces que no actúan en su favor.
La medida del magistrado respondió a la solicitud de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional; Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil, y la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión Contra la Violencia Institucional, en la legislatura de la ciudad.
Mientras, un numeroso contingente policiaco agredió una marcha de movimientos sociales y del Polo Obrero, lesionando a varios manifestantes e impidiendo el paso de los que se dirigían al Ministerio de Desarrollo Social para pedir diálogo, ante la dramática situación de creciente pobreza y desempleo, cuando sólo en el sector industrial se han perdido cien mil puestos de trabajo en tres años.
Recordaron que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que 48 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza en Argentina y que 38 por ciento de las personas sufre al menos una carencia entre educación, protección social, vivienda, saneamiento básico, acceso al agua potable y hábitat seguro.
En otro orden, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del poderoso empresario de Techint, Paolo Roca, quien viajó a México, y de Juan Manuel Abal Medina, exjefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos de un exchofer del Ministerio de Planificación, utilizadas ilegalmente en el contexto de la persecución del juez Claudio Bonadio contra la exmandataria.