GRAN ANGULAR / Ofrece alianza opositora ir de la transformación a la restauración / RAÚL RODRÍGUEZ
¿Qué le ofrecen al país quienes van a disputar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión el próximo 2 de junio?
Empezaremos en esta entrega con Xóchitl Gálvez y la coalición “Fuerza y Corazón por México” que conformaron PAN, PRI y PRD.
Su oferta -plasmada en la plataforma electoral que registró ante el INE- propone revertir prácticamente todo lo realizado por AMLO:
Restituir las estancias infantiles (subrogadas), revivir ProMéxico (institución de promoción del comercio exterior creada por Felipe Calderón), reformar totalmente a Pemex, reestablecer los fondos y fideicomisos extinguidos, revisar con lupa las llamadas obras insignia de este gobierno (aeropuerto Felipe Ángeles, trenes Maya e Interoceánico y refinería de Dos Bocas), reemplazar los libros de texto gratuito de la “nueva escuela mexicana” y rectificar lo hecho con el sistema de salud, por citar algunos ejemplos.
Pero más allá de esa paradoja, la plataforma electoral de la coalición opositora contiene un diagnóstico bastante objetivo de la situación política del país, aunque con opiniones incompletas y sesgadas en lo que a economía se refiere.
Al pretendido carácter de “cuarta transformación” (del tamaño de las tres que la precedieron: Independencia, Reforma y Revolución) que el actual gobierno ha dado a sus políticas y decisiones, la alianza opositora le contrapone un término de similar profundidad histórica: la “restauración de la República”), sin precisar -claro- que aquella del siglo XIX siguió de la imposición extranjera de una monarquía.
El caso es que los estrategas de Xóchitl plantean la restauración de la “República de la Democracia”. La pregunta es si efectivamente, como afirman, ha sido destruida. Y asumiendo un cuestionable sí, considera que las reformas electorales que condujeron la “transición mexicana” enfatizaron en mejorar las normas de la competencia política y de acceso al poder, sin atender la necesaria adecuación del antiguo régimen de gobierno para fortalecer la gobernabilidad democrática.
Dice el documento: “las iniciativas electorales fueron incapaces de superar la máxima antidemocrática propia del antiguo modelo político: el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo”.
De ahí que proponga una “reforma del poder” fundado en un “pacto social de poder ciudadano” que atenúe la actual polarización y que tenga como principalísimo componente el gobierno de coalición pretendido por la alianza PAN-PRI-PRD con la sociedad civil, si es que ésta es realmente considerada.
El gobierno de coalición es una figura más propia de los regímenes parlamentarios. En el nuestro, presidencialista, implicaría la conformación de un gabinete partidistamente plural. Que se recuerde, solo hay un caso que se acerca a ese escenario, el del priista Ernesto Zedillo quien incorporó a su equipo cercano como procurador general al panista Antonio Lozano Gracia, sin los resultados esperados.
No hay, por otra parte, experiencias de ese tipo en el sistema presidencialista y federalista estadounidense que ha sido el modelo seguido aquí desde los tiempos de los liberales de la Reforma en el siglo XIX.
La propuesta económica, por otra parte, no reconoce lo logrado en términos de estabilidad “macro” y se compromete construir una “economía social de mercado”, impulsar la “reindustrialización de México” y aprovechar al máximo la localización cercana o nearshoring.
En lo social, anuncia el diseño de una política destinada al fortalecimiento de la clase media e iza como principal bandera la implementación del ingreso básico universal (IBU), mecanismo que mediante ingresos públicos (mayoritariamente impuestos) subsidia un ingreso garantizado para todas las personas que son residentes legales del país que lo distribuye. Son transferencias directas de dinero como ocurre con los actuales programas sociales que -asegura el documento- serán mejorados y consolidados.
Y en seguridad, promete “enfrentar al crimen organizado con estrategias efectivas (no precisa cuáles) y promete presupuesto a las instituciones de seguridad equivalentes a 1.7% del PIB, promedio de los países que conforman la OCDE.
Ya revisaremos en próximas entregas la plataforma electoral de la coalición “Sigamos haciendo Historia” y la de Movimiento Ciudadano.