Medidas de prevención en penales llegaron tarde: abogados
Por Verónica Huerta
Las medidas de prevención de COVID-19 en los 17 penales de Veracruz llegaron de manera tardía, porque mientras afuera el resto de la población comenzó a protegerse desde marzo, fue hasta mayo cuando la Dirección General de Prevención y Reinserción Social puso filtros sanitarios, coincidieron en señalar abogados.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que en sus visitas a los Ceresos, se registraron 15 fallecidos por COVID-19, además de población penitenciaria en aislamiento y otra más enviada a hospitales.
Entrevistados por AVC Noticias, abogados con clientes en penales de Veracruz señalaron que disminuyeron las visitas a sus clientes.
Los abogados expusieron una vez más la crisis económica a la que han enfrentado porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a cargo de la presidenta Sofía Martínez Huerta, cerró las puertas desde marzo, y por este motivo no hubo avances en los procesos civiles, mercantiles y penales.
El abogado Arturo Rivera Salazar informó que en el interior de los penales, si una Persona Privada de la Libertad (PPL) presenta síntomas de COVID-19, tiene derecho a ser atendido por un doctor; sin embargo, por la precariedad de conocimientos que se tiene con respecto a este mal, y la falta de pruebas de laboratorio no hay certeza de quienes sí fueron contagiados.
“Si alguien se siente mal, presenta síntomas, no se puede saber si tiene COVID o no. Y hay otro detalle, cuando empezaron los problemas en mayo fue cuando nos enteramos de los contagios. Pero estuvieron a tiempo de prever, los pudieron aislar, y no hicieron nada. Lamentablemente hay fallecimientos, eso nos informan” expuso.
Salazar Rivera expuso que de acuerdo con los comentarios de las PPL, fue hasta junio cuando las autoridades del penal comenzaron a aislar los internos que presentaban síntomas de COVID.
“Hay fallecidos porque tardaron mucho en tomar medidas de prevención. Mientras en todas partes empezaron con medidas, fue hasta mayo cuando pusieron medidas estrictas, antes de eso, podías entrar a los penales sin cubrebocas. Pero ahí hay internos con edad mayor a los 60 años, ellos están más expuestos, por eso dijimos a tiempo que había casos COVID y la autoridad no hacía nada” señaló el abogado.
En Veracruz hay 17 penales a cargo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social que a su vez depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, localizados en los municipios de Zongolica, Tuxpan, Tantoyuca, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Pánuco, Misantla, Jalacingo, Cosamaloapan, Amatlán, Acayucan, Chicontepec, Ozuluama, Coatzacoalcos, Papantla y Coatepec-Xalapa.
En opinión del abogado Gerson Uzziel Villegas Contreras, los procedimientos legales están detenidos porque los juzgados no laboran, sólo atienden casos urgentes como detenciones o individuos que presuntamente cometieron un delito en flagrancia.
Aclaró que la parálisis laboral en los juzgados se debe a la pandemia del COVID-19; sin embargo, sí ha afectado a los justiciables que esperan avancen sus casos.
“Tenemos clientes que están internos, y ellos tratan de cuidarse por su salud; en el caso de nosotros los abogados ya no estamos yendo, solamente que sea una situación de urgencia, algún amparo. Sabemos que hay internos aislados, y son varios los que están recibiendo atención médica”, expuso.
Ahora en el ingreso a los penales, el personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social exige a los visitantes el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mayor protección, porque las PPL “están más expuestos que los demás”.
Villegas Contreras pidió al TSJE que reinicie las labores, porque afectó en gran medida la economía de los abogados, así que esperan que se dé cumplimiento a la circular número 13, en la que supuestamente comenzarán a trabajar el 1 de agosto los juzgados.
En tanto, el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel aclaró que aunque por ahora no tiene clientes privados de la libertad, tiene conocimiento de las constantes quejas por la sobrepoblación en los Centros de Reinserción.
“Es un tema muy añejo. Se coloca de nuevo en la mesa de la discusión, toda vez que si una de las recomendaciones para mitigar el contagio de COVID es el distanciamiento social, en lugares en donde hay hacinamiento es difícil o imposible que haya esa sana distancia”, afirmó.
Consideró que las autoridades de la Dirección de Prevención y Reinserción Social no pueden impedir que los internos reciban visitas de familiares y abogados porque sería violatorio de Derechos Humanos. “Equivaldría a un aislamiento si se le impide la visita de familiares y negarle el derecho a una defensa adecuada, si se impide que le visiten abogados. Por tanto, no sería la medida idónea. No es conveniente proteger el Derecho Humano a la Salud, violando otros Derechos Humanos” explicó LLanes Gil.