Continúa la Incertidumbre
A pesar de que se suspendió el desalojo de las instalaciones que mantienen en su poder accionistas, la disputa continúa, así como el interés de recuperarlas
María Elena Ferral
La corrupción que impera en la Procuraduría de Justicia, quedó evidenciada ante los pleitos legales en torno a la Juguera del Totonacapan, en donde derivado de un proceso judicial ´amañado se habría preparado un sorpresivo “desalojo”, que finalmente se suspendió al quedar al descubierto el ´cochinero´ armado en la fiscalía tercera, a cargo de Luis Reyes Barraza, mientras tanto, las instalaciones de ésta continúan bajo el resguardo de los socios accionistas.
La incertidumbre sigue presente y las instalaciones permanecen cerradas, tras de que los productores llegaron a acuerdos para evitar ser despojados de las instalaciones de la Juguera del Totonacapan, que se encuentra ubicada en la comunidad San Gotardo, donde según lo confirmado por el presidente del Consejo de Administración, René Martínez Decuir, se libra un litigio por la posesión de las instalaciones de la misma, con Fernando Camacho Casas, quien es abogado y fungió indebidamente como responsable de la obra.
Mientras tanto, los citricultores se mantienen apostados en la entrada a las instalaciones de “Tajín Citrus”, nombre con el cual están constituidos como empresa, luego de que fueran notificados que personal de la Procuraduría de Justicia, realizaría una diligencia de desalojo en contra del Consejo de Administración, para reinstalar al grupo que encabeza Fernando Camacho Casas, quien es acusado de usurpación de funciones y fraude por los propios accionistas.
Ante la conducta corrupta del subprocurador de Justicia para la Zona Norte, Jorge Martín González Vázquez y del fiscal, Luis Reyes Barraza, quienes cedieron a los “intereses” de Fernando Camacho, quien les está disputando la Juguera, ambos fueron denunciados ante el Procurador de Justicia, por los afectados quienes exigen su destitución del cargo, ya que ´orquestó´ todo de tal forma que ordenó el desalojo de los productores que mantienen resguardadas las instalaciones, quienes lo evitaron, tras ser avisados de la errónea determinación del Ministerio Público.
Martínez Decuir, dijo que “Financiera Rural y el Gobierno del Estado, no respetan la asamblea del 31 de julio y tampoco ´destraban´ los recursos para que éstos lleguen a quienes de verdad son productores”, por lo que de continuar en esa postura, “no nos dejarán otra determinación más que tomar la carretera estatal tramo Chote-Espinal, a la altura del kilómetro diez, justo frente a la entrada a las instalaciones de ´Tajín Citrus´, así como en otros puntos carreteros de la región, si no nos dejan otra alternativa”.
Los socios accionistas exigen la liberación de la documentación, a la brevedad, pues aseguran que llevan esperando dos años, “queremos que esta empresa trabaje para beneficiar a nuestras familias, no que vengan personas del norte del país, a querérsela adueñar y para colmo nos la quemen por la negligencia de una persona que quiso hacerse pasar por constructor”, dijo.
Los productores reconocen que “de no haber sido por el intencional incendio, a esta hora ya estaríamos acarreando naranja para molerla y nos llevamos la sorpresa de que eso no es posible, lo que nos preocupa es que la fruta se caerá del árbol, la cosecha comenzó desde principios de diciembre, esta es la situación para más de 40 mil hectáreas de naranja, que se siembran en el Totonacapan, sin embargo, será hasta el día cinco de enero, cuando se fijará el precio”, señalaron.
Además, los citricultores tienen la esperanza de traer el cítrico a esa juguera, donde tienen invertidas sus acciones, ya que cuando se les presentó el proyecto, la gran oferta era que se regularían los precios y se generarían ahorros, ya que una vez entrando en operaciones, la cosecha no se tendría que enviar hasta Martínez de la Torre, lo que representaría ingresos de hasta dos mil pesos por productor, sin embargo, la situación se complicó y ellos continúan en la incertidumbre.
Los productores dicen tener información de que Raúl Flores Espinoza, quien era el responsable de la obra, “la botó”, cuando se acabaron los recursos federales y se retiró por un mes, en julio de este año, sin embargo, cuando llegaron nuevos recursos, ya no se presentó y en su lugar arribó Fernando Camacho Casas, quien es abogado y se hizo responsable de la obra, indebidamente porque él no fue contratado, además de que no pudo detectar los riesgos, pues ésta se incendió el pasado 20 de septiembre, de modo que se construyó una obra de mala calidad.
Por si fuera poco, Fernando Camacho Casas, bajo argucias legaloides y falsos elementos, hizo a un lado al Consejo de Administración que encabeza René Martínez Decuir, por lo que por espacio de dos meses fungió otro Consejo, el cual encabezó Juan José Flores Rodríguez, recibiendo al menos 40 millones de pesos, que la Financiera Rural se comprometió a brindar, para continuidad del proyecto.
Debido a lo anterior, los socios y el actual Consejo de Administración, piden se haga una auditoría, para que se demuestre en qué y cómo se invirtió el dinero que ambos recibieron, además de que existe una denuncia penal radicada en la Agencia Tercera del Ministerio Público, por el incendio ocurrido el pasado 20 de septiembre, que ahí se registró como consecuencia de la negligencia de Camacho Casas, en la construcción del llamado “cuarto frío”, por lo que los socios acordaron llegar hasta sus últimas consecuencias.