Autoridades auxiliares hacen negocio con certificaciones
-Entre 200 y 7 mil pesos cobran por trámites en algunas comunidades
Por María Elena Ferral
La dirigente de la Coordinadora Nacional para el Desarrollo del Totonacapan, Isabel Jiménez Morales, denunció la irregularidad en la que asegura “están incurriendo algunos agentes y subagentes municipales al cobrar diversas cantidades que van de los 200 a los siete mil pesos, por sellar y firmar constancias de domicilio, en las comunidades, a fin de que puedan cumplir con los requisitos para acceder a los Proyectos Productivos, de las diversas dependencias, lo que es un abuso”.
Jiménez Morales dijo que “personas afiliadas a la CODET, A.C., se han encontrado con esa situación, hay resistencia de las autoridades rurales, quienes se niegan a firmar las constancias que avalan que habitan en tal comunidad, bajo el argumento de que no se les pidió su autorización, situación que afecta a los beneficiarios, en su mayoría, mujeres que conforman los grupos de los proyectos productivos, a las cuales los agentes y subagentes municipales les exigen diversas cantidades de dinero que van de los 200 a los siete mil pesos, tan solo por otorgar sus firmas en los documentos y eso es un abuso muy grave”.
La dirigente nacional de la CODET, A.C., dijo que “aun cuando los agentes municipales no están facultados para cobrar por las entregas de las constancias de residencia a las personas que gestionan recursos a través de apoyos o proyectos productivos, que además no existe la seguridad de que los reciban o de que sean aprobados, es un abuso lo que hacen, al cobrar por su firma, obligando a las personas, en su mayoría mujeres a desembolsar dinero que muchas veces no tienen”.
Dijo que “este es el principal problema al que nos hemos encontrado al iniciar las gestiones con los diversos grupos de trabajo, a principios de año, gestionando recursos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CDI-, por lo que al no contar con dinero para pagarles a las autoridades rurales por su firma, nos vimos en la necesidad de acudir al ayuntamiento, en busca de la firma de algún regidor; sin embargo, al ser aprobados los proyectos, les vuelven a pedir la documentación y las firmas de las autoridades rurales y necesariamente tienen que pagarles por las firmas”.
Por lo que “los beneficiarios con los proyectos productivos, se ven afectados, pues la CDI, es demasiado estricta y exige la firma de los agentes y subagentes municipales y estos de ahí se agarran e incurren en verdaderos abusos al cobrar por sus firmas para hacer constar que las personas habitan en dichas comunidades y hay casos en donde piden hasta siete mil pesos, estos casos los hemos detectado en comunidades como Simón Tiburcio, Cruz Verde, Cerro Grande, Morgadal, El Triunfo, Polutla, entre otras y si no acceden, les niegan las firmas”.