Denuncian explotación ilegal de material pétreo
-Desde hace más de 10 días un grupo de materialistas explotan un banco de graba en el Ejido San Pablo, presuntamente sin permisos federales, generando un daño ecológico y competencia desleal en el sector
DE LA REDACCIÓN
Materialistas de la región del municipio de Papantla y Tecolutla, externaron su preocupación ante la competencia desleal a la que se enfrentan con un grupo de materialistas el cual explota material pétreo del río Tecolutla de forma ilegal, por lo que pidieron a las autoridades federales investigar el caso.
Los afectados, quienes pidieron la omisión de sus nombres por temor a represalias, dijeron que desde hace más de 10 días, un grupo de personas dedicadas a la extracción de material pétreo, ingresaron a un banco de graba en el río Tecolutla, ubicado en la comunidad San Pablo, esto presuntamente sin ningún permiso federal o emitido por le Comisión Nacional del Agua -CONAGUA-.
Explicaron que el permiso para explotar el yacimiento se los habría autorizado el Comisariado Ejidal de San Pablo, siendo esto totalmente ilegal y violentando las normas federales, el grupo de materialistas son presuntamente liderados por Lindoro Espinoza, hijo del funcionario de Tránsito del Estado, Lindoro Espinoza Espino, originarios de la ciudad de Papantla.
Y es que además de provocar contaminación al afluente, esta explotación ilegal de material pétreo genera un grave daño ambiental, así mismo enormes pérdidas económicas para los materialistas legalmente constituidos y que explotan material en sitios debidamente autorizados por la autoridad federal.
Acusaron que quienes extraen el material de forma ilegal venden muy barato la camionada y diariamente se estarían extrayendo entre 20 a 40 camiones de graba, mismos que son vendidos entre 600 a 800 pesos el viaje. Lamentablemente son varios los materialistas de diversas confederaciones quienes incurren en la competencia desleal y en la ilegalidad de la extracción del material.
Los afectados exigieron al Gobierno de la República, especial a la CONAGUA y a la Procuraduría General de la República -PGR-, investigar el caso pues además de una posible corrupción entre autoridades ejidales y funcionarios federales, como la delegación de la PGR o incluso CONAGUA, se están generando enormes daños a otros materialistas y al medio ambiente.