Beatriz Rivera nueva magistrada del TSJ

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Sustituye al magistrado fallecido Benjamín Garcimarrero Ochoa

 

XALAPA

 

El pleno legislativo del Congreso de Veracruz nombró y tomó la protesta de Ley a Beatriz Rivera Hernández, como nueva magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), a propuesta del gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

 

En sesión extraordinaria, a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se sometió el Dictamen a consideración del pleno, que dio por resultado 44 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Con ello, Rivera Hernández fue nombrada magistrada del TSJ, en sustitución del fallecido, Benjamín Garcimarrero Ochoa.

 

 

Presidida por la diputada, Anilú Ingram Vallines, la Mesa Directiva designó a la Comisión de Cortesía, integrada por los diputados Marcela Aguilera Landeta, Carlos Gabriel Fuetes Urrutia, Mónica Robles Barajas, Jaqueline García Hernández y Cuauhtémoc Pola Estrada, para acompañar al Recinto Oficial de Sesiones a la nueva Magistrada, para que rindiera la protesta de Ley.

 

Beatriz Rivera Hernández nació en Veracruz, Veracruz, el 20 de agosto de 1960. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV). Tiene grado de maestría en Ciencias Penales, otorgado por la Universidad Villa Rica, cursó un máster en Derecho Penal, Procesal y Criminología en la Universidad de Girona, España, y actualmente es candidata a doctor en Derecho, por la Universidad Cristobal Colón.

 

En el servicio público, en 1987 se desempeñó como oficial administrativo en agencias del Ministerio Público en Veracruz. También ha fungido como secretaria de Acuerdos en los juzgados civiles en los distritos judiciales de Poza Rica, Coatepec, Xalapa y Coatzacoalcos.

 

Rivera Hernández cuenta también con numerosos cursos de capacitación y ha asistido a seminarios y diplomados relacionados con su ejercicio profesional.

 

En el acuerdo se estipula que, derivado del análisis de la trayectoria profesional de Beatriz Rivera Hernández, se confirma que cumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial.