Deben autoridades privilegiar atención a menores que sufren violencia: Diputada
-La diputada Jaqueline García Hernández se compromete a trabajar para endurecer más las leyes en contra de quienes atentan y dañan a la niñez del estado
DE LA REDACCIÓN
Fortalece mucho a la sociedad las sanciones a quienes vulneran los derechos humanos de los niños y niñas, pero es más importante evitar que eso suceda, señaló la diputada Jaqueline García Hernández, quien llama a autoridades de todos los órdenes de Gobierno a privilegiar la atención a menores que sufren de cualquier tipo de violencia.
Estableció el compromiso hasta el último día de su función a trabajar para que en Veracruz se endurezcan más las leyes y se apliquen las ya existentes en contra de quienes atentan y dañan a la niñez del estado.
La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXIII Legislatura local exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales, a través de las dependencias encargadas de estos temas para que sea eje central, la atención de los menores que son violentados.
En entrevista, la diputada Jaqueline destacó que la entidad veracruzana ha avanzado a nivel nacional al armonizar la Ley en Materia de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero es necesario que se aplique para frenar conductas impropias en contra de los menores y adolescentes quienes deben vivir en paz y tranquilidad, pero sobre todo que no sean discriminados.
En los próximos días la diputada espera reunirse con integrantes de la Comisión de la Niñez en el Congreso local presidida por su homóloga María Belén Fernández del Puerto, titular de la Comisión de Derechos de la Niñez para seguir en el trabajo conjunto que coadyuve a implementar estrategias que atiendan el acoso escolar y el bullying desde la perspectiva de los derechos humanos de los menores.
Desde el Congreso local, reiteró la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, continuará trabajando para que la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aplique y destine los recursos necesarios para operar los programas correspondientes que brinden seguridad jurídica, entre otros aspectos.