Veracruz sin armonizar Ley de Transparencia

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-El INAI pondrá denuncias en contra de los ocho estados que no aprobaron sus leyes estatales en la materia

Por Naldy Rodríguez

El plazo para que los estados armonizaran sus disposiciones legales a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública venció este jueves y Veracruz no cumplió.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza la posibilidad de emprender acciones legales en contra de Veracruz y otros siete estados (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, así como la Ciudad de México) por la omisión en la que incurrieron.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, destacó que mientras se aprueba la ley estatal en la materia, se deben aplicar las disposiciones federales que ya se encuentran vigentes.

“En el caso de retraso, tampoco es fatídico, la Ley General de Transparencia tiene previsiones y tendríamos que empezar esas nuevas potestades con las previsiones que tiene la Ley General”, dijo.

El servidor público recordó que la Ley General de Transparencia vigente desde 2015 tiene una protección más avanzada de los derechos, sobre todo el del “saber”.

Aunque Veracruz no armonizó su ley, a partir de ahora los usuarios que tengan alguna inconformidad con las resoluciones que emite en el estado el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, puede recurrir al INAI para que haga otra revisión del caso.

“El INAI no podría rechazar un recurso que viniera de una inconformidad de cualquier ciudadano que no estuviese de acuerdo con la resolución que le hubiese dado al caso”, confirmó.

La armonización de las leyes locales de transparencia con la Ley General tiene el objetivo de establecer el piso mínimo legal que garantice a las personas el ejercicio de un derecho humano fundamental: el de acceso a la información. 

En relación con las leyes que están pendientes de publicación, el INAI también advirtió que estará atento y verificará que las disposiciones no contravengan los principios constitucionales en la materia; de ser el caso, interpondrá las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.