Votarán ayuntamientos por Sistema Estatal Anticorrupción
-Al menos 107 ayuntamientos, deberán avalar las reformas constitucionales para que –previa declaratoria- sean promulgadas en la Gaceta Oficial del Estado.
DE LA REDACCIÓN
Luego que el pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz aprobó -en su segunda etapa- las reformas constitucionales para eliminar el fuero a servidores públicos; la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la disposición para que el Congreso del Estado designe al titular de la Contraloría General del Estado, ahora corresponde que al menos 107 (de los 212) ayuntamientos avale este decreto, precisó la diputada Marcela Aguilera Landeta.
La presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia refirió que los miembros del Congreso del Estado aprobaron este 19 de mayo durante la tercera sesión ordinaria las reformas a los artículos 33, 49, 67, 76 y 78 para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.
Al tratarse de reformas a la carta magna del estado y luego de la segunda aprobación -sostuvo- toca el turno a los ayuntamientos para que en un plazo máximo de 60 días realicen una sesión de Cabildo para emitir el sentido de su voto y enviarlo a la Secretaría General del Congreso del Estado a fin de conjuntar el total de la votación y enlistarla en alguna sesión para conocimiento del Pleno.
De darse una aprobación mayoritaria por parte de los Cabildos a estas tres reformas constitucionales la LXIII Legislatura emitirá la declaratoria y la remitirá al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por ende entrarán en vigor.
La diputada –vocal de la comisión de Transparencia y Acceso a la Información- manifestó que no habrá la retroactividad de la ley dado que el artículo 14 de la Constitución General de la República lo prohíbe. Por regla general solo las reformas en beneficio de las personas son retroactivas, añadió.
La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución local, advirtió la legisladora, fue para eliminar el fuero conferido al Ejecutivo estatal, a los secretarios de despacho, al contralor general, presidentes municipales y síndicos, o miembros de los Concejos, así como el secretario ejecutivo y consejeros y del Instituto Electoral Veracruzano (Organismo Público Local Electoral) y de igual modo, los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
Los diputados, magistrados y los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) conservan el fuero constitucional es porque -explicó la diputada- la reforma traía esa consideración de origen, “los diputados no manejamos recursos como sucede con las autoridades municipales, que es ahí donde más aluden al fuero para no rendir cuentas”.
Para el caso de diputados, magistrados, fiscal general y el titular de la CEDH la legislación actual contempla el procedimiento marcado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Por lo que en caso de algún delito cometido por estos si pueden perder el fuero constitucional, previo procedimiento apegado a principios de legalidad y audiencia, dijo Aguilera Landeta.
La reforma al artículo 67 constitucional, manifestó, es para crear una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuyo titular –además de reunir los requisitos de ley- durará en cargo 5 años y podría ser removido por el fiscal general. El objetivo de esta instancia será coadyuvar a la disminución de los índices de corrupción.
Al detallar los beneficios que traerá consigo el Sistema Estatal Anticorrupción, la diputada refirió que la reforma a los artículos 33 y 49 de la Constitución es para que por las dos terceras partes de los miembros del Congreso local designar a quien ocupará la titularidad de la Contraloría General del Estado.
Aunado a esta disposición está la instauración de un Comité Coordinador Anticorrupción, mismo que estará integrado por los titulares en el Estado del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la CGE, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la CEDH y del IVAI, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal y un representante ciudadano destacado por su contribución en el combate a la corrupción.