Recibe TEV inconformidades por el proceso electoral
-Quejas se focalizan en los distritos de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Coatepec, Xalapa I y II, Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos y Misantla
Por Yhadira Paredes
El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Sigala Aguilar, informó que este órgano jurisdiccional tiene conocimiento de alrededor de 20 recursos de inconformidad por los resultados de la elección de gobernador del estado y diputados locales de la jornada electoral del pasado 5 de junio.
Entre éstos, destacan los distritos de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Coatepec, Xalapa I y II, Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos y Misantla, en donde algunos actores políticos han manifestado estar en contra de los cómputos finales.
Si bien no se han presentado denuncias formales, están a la espera de que estas inconformidades lleguen físicamente ante ellos para iniciar el trabajo de revisión y emitir las resoluciones respectivas.
Ante esta situación, adelantó que los horarios de trabajo de los empleados de las dependencias del Tribunal se modificarán, derivado de la carga de asuntos que se espera que comiencen a llegar a la brevedad.
Sigala Aguilar rechazó que se contemple la contratación de más empleados para hacer frente a los diferentes juicios de inconformidad que se presentan ante este árbitro electoral.
“Se han tomado previsiones, como el otorgar alimentos a los empleados a fin de que se puedan resolver los asuntos en el menor tiempo posible”, dijo el magistrado presidente, quien sostuvo que para el caso de los asuntos relacionados con la elección del jefe del Poder Ejecutivo, éstos tendrán que resolverse antes de mediados de agosto, mientras que la fecha límite para resolver los asuntos sobre los nuevos diputados es el mes de julio.
En ese sentido, señaló que hay que ir resolviendo para dar certeza al electorado, partidos y postulantes, pero no descartó un panorama competitivo donde los partidos van a manifestar las inconformidades que ellos creen que se cometieron.
Existe, dijo finalmente, el compromiso de los integrantes del órgano jurisdiccional de hacer un análisis exhaustivo de estas impugnaciones, incluso más allá de su competencia, siempre que la ley lo permita.