Ley 3 de 3 se quedó corta: Yolli García Álvarez

-No corresponde con lo que firmaron 600 mil ciudadanos

-Queda a la “buena voluntad” del funcionario hacer pública su declaración

Por Yhadira Paredes

La Ley de Responsabilidades, mejor conocida como 3 de 3, no cumple al 100 por ciento con el reclamo de más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa original para que se tenga acceso a una información transparente de los bienes, intereses y recursos que tienen los funcionarios públicos.

Así lo consideró la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVA), Yolli García Álvarez, quien indicó que la ciudadanía tiene derecho a conocer esos datos, y ahora se dejó a discreción del propio funcionario hacerlos públicos o no.

Luego de su aprobación en el Congreso de la Unión, manifestó: “El Senado determinó que ahora es obligatorio presentar las tres declaraciones, pero no obligatorio hacerlas públicas, en la primera etapa incluso el artículo 32 de esta nueva Ley de Responsabilidades establecía que quien quisiera contratar con el Gobierno, empresarios tendrían que declarar sus tres declaraciones, que fue algo que incluso reservó el PAN para que fuera sacado”.

Entrevistada posterior a la Firma de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), insistió en que hay un reclamo de la ciudadanía muy claro, que aunque se avanzó mucho en el sistema anticorrupción, hay muchos temas pendientes como éste, por lo que se tendrá que esperar a que en la siguiente reforma se mejore.

De ahí que señalara que se tendrá que probar cómo funciona el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción, para saber si lo que se aprobó fue lo suficiente para acabar con el mal que aqueja a todo el país.

García Álvarez indicó que el hecho de que quede a la “buena voluntad” del funcionario hacer pública su declaración 3 de 3 deja en la indefensión a la ciudadanía y no cumple al 100 por ciento con su demanda. 

“Los funcionarios tenemos la obligación de presentarlas, pero queda a discreción de nosotros si las hacemos públicas, ya será cada funcionario quien determine si se hace o no pública, a pesar de ser un reclamo de la ciudadanía para conocer más, habría que esperar que se le cumpla su demanda”, finalizó.