Benítez Lucho socio de empresa fantasma
-Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social sería uno de los beneficiados con contratos de comodato hechos por el IPE
Por Juan David Castilla Arcos
Funcionarios son accionistas de una empresa fantasma que ha contribuido al saqueo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE).
Esto lo denunció la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), Adriana Chávez Tejeda, quien añadió que también exfuncionarios han aprovechado y sacado ganancias de inmuebles en comodato, un contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa que puede usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla.
Los hoteles Xalapa y Chachalacas se encuentra en contrato de comodato desde noviembre de 2005 en favor de la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas, cuyos socios son el Gobierno estatal y el IPE.
El administrador único de la operadora mencionada es Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho. Luis Rey Molina Rodríguez fue designado como comisario de vigilancia. Los accionistas son: Rafael Germán Murillo Pérez, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y Antonio Benítez Lucho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, zona Veracruz-Norte.
La información fue obtenida mediante la plataforma Infomex; sin embargo, el IPE no cuenta con información financiera al respecto.
En próximos días, jubilados y pensionados interpondrán otra denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, por el indebido manejo de los inmuebles del IPE.
El secretario de la Copipev, Gerónimo Reyes Hernández, añadió que luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación al Gobierno de Veracruz y que funcionarios estatales la aceptaran por el retraso en el pago de los pensiones, se interpondrá una denuncia administrativa en la Contraloría General del Estado.
“Hay responsabilidades administrativas que establece la propia Contraloría a todos los funcionarios públicos, queremos que la Contraloría finque responsabilidades a estos funcionarios que han dejado de cumplir, aunque digan que aceptan y van a pagar a tiempo, porque hay un daño contra 28 mil pensionados en estos años”, remató.