Ignoradas, mujeres indígenas en ejecución de megaproyectos
-Habrá impulso desde el Senado prometen Nahle y Ahued
Por Juan David Castilla Arcos
Solo los hombres son tomados en cuenta para la aplicación de megaproyectos en zonas indígenas, toda vez que muy pocas mujeres reciben el nombramiento de ejidatarias.
Del total de comisariados ejidales en el país, solo el 1% son mujeres.
Además, a nivel nacional, solo entre el 18 y 20% son mujeres titulares de derechos agrarios.
Rosenda Maldonado, representante de la Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Tierra y el Territorio (Ranamitt), dice desconocer la cifra de mujeres indígenas que figuran como comisarias ejidales.
Los hombres son quienes conforman las asambleas ejidales y toman las decisiones para la aprobación o desaprobación de megaproyectos, como presas hidroeléctricas, minería a cielo abierto y otros.
“Cuando llega alguna implementación de un proyecto o megaproyecto hacia nuestras comunidades y territorios, ¿a quién se toma en cuenta?, a los ejidatarios hombres, ¿por qué?, porque son los que conforman las asambleas. ¿Quiénes están al frente de las asambleas?, los comisariados ejidales”, relata la activista.
Las mujeres indígenas tienen poco acceso a la tenencia de la tierra. Pareciera que no tienen derecho a una parcela para producir alimentos.
“¿Cómo vamos a tener esa autonomía económica y esa autonomía alimentaria?, porque si nosotras tenemos nuestro solar o nuestra parcela, podemos sembrar o de ahí podemos alimentarnos nosotras y alimentar a nuestros hijos”.
Lo anterior genera tediosas cargas de trabajo para las mujeres indígenas, porque sus maridos tienen que migrar en busca de mejores oportunidades laborales.
“Sobre todo cuando los esposos migran hacia otras ciudades o hacia el exterior, porque se van a Estados Unidos, tenemos que seguir yendo a las asambleas a levantar la mano, pero no podemos participar porque no somos ejidatarias”.
Veracruz es el estado de la República Mexicana con el número más alto de comisariados ejidales.
La especialista cree que las mujeres indígenas no pueden acceder a una igualdad de condiciones y la justicia.
ECO DE JUSTICIA
Poblaciones enteras han sido desplazadas por la ejecución de megaproyectos. Ya ha ocurrido en la entidad para la construcción de presas hidroeléctricas.
Rocío Nahle García y Ricardo Ahued Bardahuil, candidatos al Senado que llevan la delantera según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se han pronunciado a favor de que los megaproyectos no se realicen sin el aval de los ciudadanos.
“Yo creo que ahí hay que conciliar un asunto que traen en defensa los pobladores. Siempre es importante escuchar el tema que les preocupa. Las minas de repente ocasionan, como todos saben, un problema de contaminación grave, y la población tiene esa preocupación”, comenta Ahued Bardahuil.
A su juicio, son necesarias mesas de trabajo donde las autoridades de los tres niveles de gobierno dialoguen con los habitantes de determinada región.
En el caso de las minas a cielo abierto, refiere que la prioridad del gobierno debe ser el respeto de los derechos humanos y combatir la corrupción e impunidad.
“Debe haber una mesa donde el Gobierno Federal, las autoridades ambientales, los habitantes de la región, la empresa, puedan tener la información científica-técnica de lo que pueda ocasionar en este caso la mina”.
Y es que en Actopan y Alto Lucero están vigentes los proyectos mineros La Paila –antes conocido como Caballo Blanco– y El Cobre.
La gente de esos lugares ya ha participado en diversas protestas, en rechazo a los proyectos.
Incluso, la Iglesia católica se ha pronunciado en contra de la posible devastación ambiental que pudiese ocasionarse.
Pese a lo anterior, las mujeres indígenas siguen sin ser escuchadas para la toma de decisiones por parte de los comisariados ejidales.
DEVASTACIÓN
Por su parte, Nahle García considera que la minería a cielo abierto representa una gran devastación para el país.
“Hay una explotación brutal en México en casi 50 millones de hectáreas en el país que están concesionadas a diferentes mineras”.
Los minerales, sobre todo oro, plata y cobre, son extraídos y comercializados en otros países.
“Salen del país y de ello las empresas pagan un impuesto minúsculo”, subraya la diputada federal.
A su parecer, en el país es necesario legislar en busca de la explotación sustentable, para evitar el uso de sustancias tóxicas, que no solo dañan al medio ambiente, sino también, a las poblaciones.
“Porque se utiliza hasta mercurio en las explotaciones y el mercurio es un metal cancerígeno, es muy dañino, y cuando se hace a cielo abierto queda incluso en los lagos, en los arroyos”.
El mayor problema es que mucha gente está en contra de dichos proyectos y, pese a ello, los gobiernos otorgan las autorizaciones para que puedan operar.
“Uno de los grandes temas pendientes que tenemos en México y que esta política neoliberal de PRI y PAN abrieron. Tenemos que sobre todo acotar, no se puede hacer depredación de los cerros y minas a cielo abierto sin ton ni son”, añade Rocío Nahle.
DISCRIMINACIÓN
Académicos consideran que las mujeres indígenas continúan siendo excluidas en distintas circunstancias porque persiste discriminación.
De acuerdo con Rachel Sieder, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Ciudad de México), las mujeres no han logrado acceder a sus derechos.
A su juicio, han influido diversos factores; entre ellos, la clase social, raza y el género.
Sin embargo, las mujeres indígenas padecen en mayor medida el problema, sobre todo por el “racismo estructural”.
“La organización de las mujeres es impresionante y articulan fuertemente sus demandas, pero el racismo estructural contra los pueblos indígenas afecta de manera muy particular y nociva a las mujeres”.
Algunas mujeres han presentado demandas por conflictos ejidales; sin embargo, no hablan español y carecen de recursos para acompañar sus casos y acceder a la justicia.
“La impunidad imperante en el sistema lo hace mucho más difícil obviamente si es mujer, no maneja los códigos culturales ni lingüísticos. Si no tiene apoyo de otras mujeres y hombres organizados es muy difícil”.
También cree que la impunidad es uno de los principales obstáculos para las mujeres indígenas.
Por ello, es de gran importancia el acceso cultural en las instituciones, donde haya siempre personal capacitado y sensible para apoyar a dicho sector de la población.
La especialista destaca que las mujeres indígenas tienen los mismos derechos que las demás personas y, por ende, deben ser tomadas en cuenta en cualquier tema que involucre a sus poblaciones.