Yunes obligado a apresurar entrega-recepción
-Por ley que él mismo propuso debe reunirse con Cuitláhuac a la mayor brevedad
Por Santiago García
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tendrá que reunirse de inmediato con Cuitláhuac García Jiménez, una vez que éste reciba la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, para dar inicio al proceso de entrega-recepción de la administración estatal.
Y es que el propio mandatario estatal propuso una Ley para la Entrega-Recepción de la Administración Pública que lo obliga a él, y a todos sus colaboradores a iniciar este proceso desde el pasado mes de febrero, y reunirse con la siguiente administración, una vez que haya un gobernador electo; además que existe el riesgo de procesos penales contra todos los funcionarios salientes que no cumplan con entregar toda la información.
Sin embargo, de acuerdo con personal de la Contraloría General del Estado, ni siquiera han emitido los lineamientos y formatos del proceso de entrega-recepción, pues no esperaban una derrota en los comicios del pasado domingo.
Ante esto, justo este jueves, se sostuvo una reunión de trabajo encabezada por el contralor general Ramón Figuerola Piñera con sus directores de área y una veintena de contralores internos, a quienes pidió los avances de la entrega-recepción, y ahí todos admitieron que ni siquiera la han avanzado.
De igual forma, le hicieron notar que de acuerdo a la ley aprobada por el propio gobernador, la Contraloría está obligada a elaborar formatos y lineamientos de cómo efectuar el proceso de recabar información para presentarla a la próxima administración.
Desconociendo que un partido de oposición iba a ganar la elección a gobernador, el pasado 16 de octubre de 2017 publicó en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para la Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo.
Previendo que la gubernatura quedaría en manos de alguien de su partido, planteó en la ley la obligación de todos los exservidores públicos de atender cualquier llamado por parte de la nueva administración para aclarar o solventar irregularidades, con la advertencia que de no hacerlo, podrían derivarles acciones legales en su contra.
A pesar de que el pasado lunes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dejó en claro que no reconocería ninguna tendencia electoral (que hasta el momento favorece al candidato de Morena, Cuitláhuac García), pues iba a esperar el cómputo oficial por parte del OPLE, y que esperaría el momento legal para iniciar la entrega-recepción, conforme a la ley que publicó dicho momento es de forma inmediata.
De acuerdo con la Ley de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo, dicho proceso administrativo consta de tres etapas. La primera ya debió haber sido cumplida por su administración, pues era de enero al mes de abril cuando debía integrar de manera paulatina los documentos y tener la oportunidad de analizar, conciliar, consolidar y verificar la información del expediente.
En la segunda etapa, en los meses de mayo a agosto, se integrarán documentos de tipo financiero; de control y fiscalización, y de compromisos institucionales.
Justo en esta etapa es en la cual se encuentra el gobierno yunista, y la ley contempla el acercamiento entre el gobierno saliente y el entrante, para establecer mesas de trabajo, por lo cual, Miguel Ángel Yunes Linares se obligó a sí mismo a reunirse en este caso con Cuitláhuac García Jiménez para verificar el proceso de entrega-recepción.
Finalmente la tercera etapa tendrá lugar en los meses de septiembre a noviembre; en octubre se realizará un ensayo de entrega con la información antes citada, a fin de conocer los avances del proceso de preparación de la transmisión institucional y tomar las medidas preventivas o correctivas.
En el artículo 29 de la citada ley, que publicó el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se establece: “si en un periodo de treinta días hábiles el servidor público entrante identifica omisiones o irregularidades en los documentos e información recibidos, deberá hacerlas del conocimiento inmediato del Órgano Interno de Control o de la Contraloría Interna correspondiente, quien citará a los ex servidores públicos, para que expresen lo que a su interés convenga respecto de las observaciones, presenten información, documentos complementarios o aclaraciones. La respuesta se producirá en un plazo no menor a tres ni mayor a quince días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación”.
También se contempla que si exservidor público no atiende el llamado que le hagan los nuevos funcionarios para aclarar o solventar, entonces podrá enfrentar consecuencias legales.