Exdiputados federales acusados de corrupción se fueron sin enfrentar la justicia
-Se desconoce cuál es el seguimiento a las denuncias en su contra por desvíos millonarios
Por Isabel Ortega
En el año 2017 el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, solicitó formalmente ante el Congreso Federal el desafuero de los priistas Tarek Abdala Saad y Alberto Silva Ramos, exfuncionarios duartistas por el presunto mal manejo de recursos públicos.
Pero, 26 días después de que perdieron el fuero como legisladores, poco se sabe de ellos. Del primer círculo de Javier Duarte siete secretarios de despacho o directivos de primer nivel lograron fuero constitucional a partir del 2015, cuando rindieron protesta como legisladores federales.
Desde la campaña del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se habló de una cacería contra los exfuncionarios de primer nivel, y aun y cuando se amagó con estar a partir del 1 de septiembre con órdenes de aprehensión en mano, a la fecha no se sabe de su paradero.
Se trata de los diputados que también fueron exfuncionarios durante el gobierno de Javier Duarte: Nohemí Guzmán, Edgar Spinoso, Jorge Carvallo, Erick Lagos y Adolfo Mota contra quienes hay acusaciones graves de corrupción y vínculos con empresas fantasma.
El propio fiscal general, Jorge Winckler, ha evadido confirmar si ya hay órdenes de aprehensión en su contra. En los últimos actos públicos se negó a responder sobre la posibilidad de su detención.
La Fiscalía General inició cuatro carpetas de investigación contra el extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdala Saad, por actuar de manera omisa y dolosa en la administración y desvíos de fondos estatales y federales por un monto de 23 mil 156 millones de pesos.
El 26 de enero del 2017, Jorge Winckler viajó a la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados a presentar la solicitud formal para quitar el fuero al exfuncionario duartista, en ese entonces afirmó que la mayoría de los recursos públicos desviados correspondían a las partidas de salud.
La comisión Instructora de la Cámara federal no dictaminó la solicitud, el argumento fue que el priista contaba con un amparo federal, por lo que se negaron a revisar la petición que presentó Winckler Ortiz. Como parte de las constantes filtraciones a los medios, se afirmó que Tarek Abdala adquirió al menos 100 propiedades en Estados Unidos.
Abdala Saad, quien ya no tiene curul federal, fue señalado dentro de las investigaciones en contra de Duarte, como uno de sus operadores, en el tiempo en que se desempeñó como director del DIF y tesorero en la Secretaría de Finanzas.
La negativa al desafuero generó un exabrupto de parte del fiscal general, quien molesto los acusó de corruptos por no validar su petición. El 13 de julio de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el desafuero de Alberto Silva Ramos, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y quien fuera secretario de Desarrollo Social y vocero de Javier Duarte, por el probable desvío de recursos públicos por cuatro mil millones de pesos desde la Coordinación de Comunicación Social.
En ese caso, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, comentó que la petición del fiscal era deficiente, por lo que quedo sin efecto. “Justamente por la deficiencia de la Fiscalía de Veracruz”.
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja, Ricardo Nieto (PRI), afirmó que las declaraciones de su coordinador obedecen a que las carpetas presentaban inconsistencias.
“La carpeta jurídicamente no está estable, además, el propio fiscal de Veracruz hizo público que invitó al diputado Silva a comparecer para que revise la información de la demanda, debido a que hay inconsistencias”, justificó el 4 de agosto del 2017.
ASF TRAS EDGAR SPINOSO
En 2014 fue cesado como oficial mayor de la SEV Edgar Spinoso Carrera, a raíz de que la ASF detectó desvíos del 80% de las aportaciones federales destinadas a programas educativos.
Duarte aseguró que Spinoso Carrera había traicionado su confianza y lo destituyó, sin embargo, no se le investigó por las vías penal o administrativa y siguió administrando cuentas de la dependencia con la anuencia de Adolfo Mota Hernández, exdiputado federal.
Spinoso Carrera también destacó en la observación de la ASF del año 2015: FP-016/2015/012 ADM, donde se exhibió una deuda de la SEV a proveedores y contratistas, valuada en los dos mil 156 millones de pesos. Durante su encargo en la SEV, se firmaron siete contratos para el desvío de más de 300 millones de pesos a través de empresas fantasma.
El gobernador Yunes Linares informó que Spinoso entregó un helicóptero el avión Lear Jet 45 con un costo superior a las 15 millones de pesos, como parte de su pago por los desvíos.
En el caso de Noemí Guzmán Lagunes, podría estar vinculada a la denuncia penal 261/2016, que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el desvío de 940 millones de pesos, que se pagaron desde la secretaría de Finanzas y Planeación, a Protección Civil, dependencia en la que estuvo a cargo hasta el 2015. Fue secretaria de Protección Civil del 2010 al 2015, está acusada de otorgar nueve adjudicaciones directas a empresas fantasma.
Aunque la denuncia se presentó en el año 2016 el monto fue desviado en otros ejercicios fiscales, la querella derivó de la investigación periodística que reveló la red de empresas fantasma que operaban funcionarios y socios de Duarte de Ochoa. En mayo del 2015 se informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó seis “denuncias de hechos” contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo de Adolfo Mota, por “simular” el ingreso de recursos a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
Erick Lagos, quien fue secretario de Gobierno, podría estar vinculado a la denuncia 365/2017, que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), luego de que en el 2016 se detectó una cuenta del Banco Mercantil del Norte, en el que se manejaron más de 237 millones de pesos, sin registro oficial.
Jorge Carvallo Delfín, exdiputado federal del PRI, fue secretario particular del gobernador Javier Duarte del 2013 al 2014, luego saltó a la Secretaría de Desarrollo Social del 2014 al 2015, de donde salió para ser candidato a la diputación federal por el distrito de San Andrés Tuxtla.
Recientemente el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares informó que investiga propiedades del exdiputado, como el rancho El Azafrán en la región de Naolinco, donde recientemente aseguró un rancho de 50 millones de pesos, propiedad del exjefe de seguridad, Arturo Bermúdez Zurita.