Iglesia debe cesar declaraciones contra aborto

-Llaman a DH a intervenir

Por Verónica Huerta

Ante los pronunciamientos de la Iglesia católica en contra de los derechos de las mujeres, como el acceso a la salud en el uso de la Interrupción Legal del Embarazo, las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados y la Nacional tienen la responsabilidad de exigirle a los arzobispos y sacerdotes que detengan éstos, porque aun cuando ellos pueden hacer valer su derecho a la libertad de expresión, lo cierto es que lastiman los de las mujeres, señaló la investigadora de la Universidad de Quintana Roo Yunitzilim Rodríguez Pedraza.

Explicó que la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que las organizaciones de la Sociedad Civil y las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos son los que tienen posibilidad de solicitar Alertas de Violencia de Género, pero ninguna Comisión lo ha solicitado. Sin embargo, las Comisiones estatales y la Nacional “no se han responsabilizado de esto”, a pesar de que en diversos estados del país se violentan los derechos humanos de las mujeres.

Citó como ejemplo “si un arzobispo, si una persona en el ejercicio de la libre expresión hacen valer su libre expresión y vulnera o establece estereotipos y roles de género y hace un tipo de señalamientos de esto, es grave y debería haber una persecución en el sentido de decirle: Oye, estás mal”.

La investigadora indicó que un colectivo en Quintana Roo presentó una queja ante la CNDH porque en sus mensajes alentaba a la violencia de los derechos humanos contra las mujeres. Sin embargo, la CNDH respondió que la Iglesia católica en la representación de los arzobispos tienen derecho a su libre expresión.

“Sí, pero hay límites que son los derechos humanos, no pueden generar un derecho si se violenta otro”, afirmó Rodríguez Pedraza. La investigadora lamentó que hay “una permisividad y normalización de la violencia por la sociedad, porque ya no se sorprende que todos los días aparezcan mujeres asesinadas”.

Ante los feminicidios, dijo la académica, el Estado incumple el compromiso filosófico, legal y fundamental de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y dentro de éstos, el tema de la violencia de género. Los asesinatos de mujeres, agregó, evidencian la incapacidad del estado y provoca que la gente cuestione la legitimidad de las instituciones.

“Se supone que las personas debemos desarrollar nuestra vida y el estado nos debe garantizar los derechos humanos y para eso hicieron la creación de organismos autónomos de las Comisiones de Derechos Humanos para que vigilen que no nos violen los derechos humanos y tampoco están funcionando, entonces no hay confianza y menos en las de procuración de justicia”, finalizó.