Pactos políticos rigen justicia en Veracruz; ¡Edel Álvarez debe renunciar!
Por Ximena Aguirre
El Poder Judicial de Veracruz ha garantizado impunidad a delincuentes en los últimos dos años, periodo gubernamental de Miguel Ángel Yunes Linares.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se han topado de frente con este problema.
Y es que, acusan, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), Edel Humberto Álvarez Peña, ha obedecido acuerdos políticos en la aplicación de la justicia.
Además de que solo ha buscado incrementar su riqueza mientras ha ocupado el cargo y se ha preocupado más por repartir plazas a familiares de jueces.
El magistrado también ha generado polémica por orquestar una ola de despidos injustificados para limpiar el TSJE, según diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Lo anterior ha ocasionado que el sistema judicial esté plagado de anomalías en la entidad.
Prueba de ello ha sido la salida del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, a quien responsabilizan de encabezar grupos de élite para ejercer desapariciones forzadas en Veracruz.
Para la vocera del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, el abuso de poder en el TSJE ha persistido desde hace 12 años o más.
Y es que desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán la justicia ha resultado una utopía en el estado.
“Ha sido un abuso continuo del poder, uno tras otro, lo que hacen es enriquecerse, ve a ver la fortuna que han hecho, las casas no solo de los Yunes, también de este señor Álvarez”.
“QUEREMOS UNA JUSTICIA HONESTA”
Lucy busca a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, alias el DJ Patas, desde el 28 de junio de 2013.
En ese peregrinar han arrestado y liberado a gente como presunta responsable de desapariciones, para incriminar y encarcelar a otras personas.
“Así no se trabaja la justicia, el soltar asesinos para poder encerrar a gente que sea mediática, nosotros queremos que se haga justicia. Queremos que Duarte, que todo aquel que esté involucrado, que Bermúdez, que todos paguen su culpa, pero queremos unos juicios bien hechos, una justicia con ética, no estas monstruosidades a las que se han dedica ellos”.
Los activistas que han señalado en manifestaciones una y otra vez a Bermúdez Zurita, mejor conocido como “capital tormenta”, temen por su seguridad y la de sus familias, tras su liberación.
“Es preocupante porque estos elementos son muy reaccionarios, se aferran, así como hace Winckler también ellos, impartir justicia en México, piensan que la persona es inmunes a todo, hay una especie de invulnerabilidad que creen ellos que tienen, eso no puede ser, porque para que haya justicia el sistema judicial debe estar de acuerdo en impartirla de manera adecuada”.
Este exfuncionario duartista ya debería tener una sentencia, pues casi cumplió dos años en la cárcel.
“A veces el sistema judicial presiona a los fiscales, yo creo que también el sistema judicial debe ser más humano, todo esto son maromas políticas”.
Y es que también han dejado la cárcel el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, y el exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia.
Lo anterior, consideran los familiares de desaparecidos, por la complicidad existente entre jueces y fiscales, y sus negociaciones bajo el agua por cuestiones políticas.
“Todo esto que se ha permitido, que se libere a Bermúdez, que se libere a toda esta gente, es muy deleznable, pero son acciones, producto de una justicia, entre comillas, favoritista, en Veracruz se ha impuesto la políticas, porque la política ha sido el cáncer de Veracruz”, comenta Díaz Genao.
CIEGO DE PODER
Los miembros de los colectivos mencionados también han protestado y exigido la renuncia del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, por las notorias omisiones en sus funciones.
“Le he dedicado a esto más de cinco años de mi vida, cinco años y medio en esta lucha”.
Creen que Álvarez Peña podría caer (ser destituido) por el mismo peso de sus acciones.
“Porque ellos no se dan cuenta que las mentiras, las calumnias, tienen patas gordas, no los llevan muy lejos, aparentemente sí, porque tú ves que duran muchos años, gozando de esas fortunas hechas al amparo del poder, pero llega un momento en que todo eso se acaba”.
A juicio de la vocera del Colectivo Solecito, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha estado tan ciego de poder, que no se ha percatado de que en esta coyuntura es “disfuncional”.
“Ya no le sirven a lo nuevo, a lo que se está imponiendo, dice mucha gente también hay de lo viejo (funcionarios de la vieja guardia), pero que vengan al menos en el tema de desaparecidos necesitamos que se haga un esfuerzo gigantesco”.
PURGA
En 2017, Edel Álvarez Peña, quien había sido nombrado presidente del TSJE para el periodo 2016-2019, en sustitución de Alberto Sosa Hernández, había sido señalado por el despido injustificado de 200 trabajadores; todo por el cambio de administración estatal.
Esto bajo el argumento de que debían reducirse los gastos, debido a la crisis financiera heredada por el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Se hablaba de que había trabajadores afectados, pese a que ya tenían una base laboral.
Sin embargo, los despidos continuaron en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Arturo Christfield Lugo fue uno de los jueces que padecieron esta situación. Había laborado 16 años como especializado en materia familiar.
Algunos afectados procedieron legalmente o tramitaron un amparo para que fuesen reinstalados. Incluso, se armaron de valor y denunciaron el problema en medios de comunicación.
Y es que resultaba una contradicción que dichas injusticias y violaciones a los derechos laborales de los trabajadores ocurrieran al interior del TSJE.
Como buen político, Álvarez Peña declaró ante medios de comunicación que dicha situación era mentira.
Sin embargo, en su momento, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial determinó desaparecer once juzgados en nueve municipios.
Se trataba de los Juzgados Tercero de Primera Instancia de Tuxpan, con residencia en Álamo-Temapache, Primero de Primera Instancia de Papantla, Primero de Primera Instancia de Misantla, Primero de Primero de Primera Instancia de Coatepec, Tercero de Primera Instancia de Córdoba, Primero y Tercero de Primera Instancia de Orizaba, Quinto de Primera Instancia de Veracruz, Primero de Primera Instancia de Acayucan, Primero de Primera Instancia de Jalacingo y Primero de Primera Instancia de Cosamaloapan.
También acordó cambiar de denominación y competencia los juzgados mixtos menores en siete distritos, bajo el argumento de que éstos presentaban una baja carga laboral y eran necesarias políticas de austeridad.
La Judicatura había decidido que todos los trabajadores basificados de esos juzgados serían readscritos a otros puestos de trabajo; sin embargo, no fue así.
Y es que también fue muy sonado el caso de Miriam Aydee García Sánchez, quien fue despedida por atender una amenaza de aborto y retirarse de lugar de trabajo.
Un dictamen fue firmado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para notificarle a la minera su falta de honradez por justificar una incapacidad de tres días.
En la actualidad, se habla de posibles manifestaciones por parte del personal del TSJE, debido a los despidos; buscarían la destitución de Edel Álvarez Peña.