Condicionarán recursos federales a universidades

el

-Dependerán de la entrega de aportaciones estatales pactadas en convenios.

Por Ángeles González Ceballos 

La Universidad Veracruzana, al igual que el resto de las Universidades Públicas Estatales (UPE) del país, recibió una serie de recomendaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el documento denominado “Planeación, programación y rendición de cuentas del presupuesto de las universidades públicas en México: razones, resultados y retos”, realizado por Integralia Consultores, en el que de manera contundente define, entre otros, que es tiempo de empezar por “condicionar” las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios. 

Dicho estudio afirma que el modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas ya es “insostenible”. 

Asimismo, que el crecimiento en la matrícula y personal docente, el incremento en los salarios y prestaciones, así como el “desorden” en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos –por no mencionar la discrecionalidad de su asignación y gasto–, hacen que las finanzas de las universidades estén “colapsadas”. 

Entre esas y otras diversas recomendaciones que hace la SEP a las universidades se encuentra que deben definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometerse a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones; y reformar el esquema de pensiones. 

“Hacer de las universidades públicas instituciones sostenibles en el largo plazo requiere de orden administrativo, disciplina financiera y voluntad política”.

El documento también expone de manera contundente que es tiempo de empezar por “condicionar” las transferencias federales a la entrega de las aportaciones estatales pactadas en los convenios. 

Así como limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios. 

Establecer que el pago de prestaciones adicionales deberá cubrirse con ingresos propios de las universidades.

Rediseñar el esquema de pensiones y jubilaciones, proponiendo un esquema uniforme en las universidades que evite duplicidades.

Aumentar la edad y años de servicio para acceder a la jubilación; fomentar la aportación de los trabajadores y de la universidad al fondo de pensiones; eliminar las pensiones dinámicas. 

Así como limitar la creación de nuevas universidades públicas estatales en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de las actuales.

Otra de las situaciones que abarca el documento “Planeación, programación y rendición de cuentas del presupuesto de las universidades públicas en México: razones, resultados y retos”, es que, en su conjunto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó, en promedio, 14.5 auditorías anuales al conjunto de las 34 universidades en el periodo 2000-2016.

Es decir, en promedio, solo se auditó a poco menos de la mitad (42%) de las universidades por año.

No obstante, en años recientes la fiscalización superior de estas instituciones se ha incrementado enormemente, alcanzando para la cuenta pública del año 2016 un universo fiscalizado de 31 de las 34 UPES, equivalente al 91% del total de ellas. 

El documento asevera que las universidades que tuvieron una mayor fiscalización en el periodo fueron la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Veracruzana, con 15 auditorías cada una en dicho periodo.

Al hacer referencia de la Problemática Financiera de las Universidades: Causas y Consecuencias, el texto señala que durante los últimos años, las universidades públicas estatales han presentado dificultades financieras para cumplir con sus objetivos y con sus compromisos contractuales. 

Esas dificultades han sido externadas ante las instancias gubernamentales con el fin de conseguir apoyos extraordinarios. No obstante, las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos federal y estatales han limitado la entrega de los recursos adicionales solicitados por las universidades para subsanar el déficit presupuestario.

El amplio documento también refiere que en el periodo 2000-2016, la Auditoría Superior de la Federación presentó 11 denuncias de hechos; ocho de ellas fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República, dos ante la Universidad Veracruzana y una ante la Universidad Autónoma del Estado de México. 

En el caso de la Veracruzana fue por transferencias que la Federación realizó al Gobierno del Estado de Veracruz de subsidios federales para el financiamiento de cinco fondos y programas de la Universidad Veracruzana, de los cuales el Gobierno del Estado de Veracruz transfirió parcialmente por lo que presenta un saldo pendiente de ministrar a la Universidad. 

Asimismo, por la presentación a la Universidad Veracruzana de una cédula profesional, la cual al ser consultada en la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública corresponde a otra persona distinta a la que la ostenta.

Finalmente, cabe mencionar que La Cámara de Diputados eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el Fondo de Apoyo para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales, apoyo que la Casa de Estudios de Veracruz no aspiró en 2017 por no presentar proyectos, sin embargo, ahora está considerada dentro de las 10 universidades con problemas financieros porque sigue siendo un ente moroso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la falta de pago del ISR, por lo que no se sabe si habría de necesitar del Fondo desaparecido. 

Lo que deberán hacer ahora las universidades que requieran de los apoyos extraordinarios para su saneamiento financiero es formalizar un convenio con la SEP.

El artículo décimo segundo transitorio establece que “las universidades estatales que resulten apoyadas por la Federación para el fortalecimiento de sus finanzas, deberán formalizar el convenio respectivo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde deberán obligarse, entre otros aspectos, a garantizar la sustentabilidad financiera y el cumplimiento de dicho instrumento será objeto de fiscalización por parte de los entes públicos federales”.