Opera crimen organizado en penales
-Se han interpuesto al menos diez denuncias contra los directores
Por Juan David Castilla Arcos
Filiberto Luiz Rodríguez Pérez estuvo preso en los penales de Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, donde pudo detectar la operación de bandas de la delincuencia organizada al interior.
Fue arrestado el 31 de julio de 2008 y liberado el 16 de julio de 2017, cumpliendo un “castigo” de ocho años y 11 meses, tras ser acusado de fraude, un delito que dijo no haber cometido y que se le fue fabricado por su activismo ambiental en Coatzacoalcos.
“Yo estaba pisando los talones de Fidel Herrera Beltrán (exgobernador) por la construcción de viviendas contaminadas y el basurero municipal de Coatzacoalcos que contaminaba 12 colonias, ese fue el motivo por el que me encerraron, sin pruebas y sin nada”, cuenta.
Tras denunciar anomalías al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) “Duport Ostión”, localizado al sur de la entidad, en Coatzacoalcos, fue trasladado a la prisión de San Andrés Tuxtla.
“Dios sabe por qué hace las cosas, porque ahí vine a descubrir verdaderamente la corrupción, que es de arriba hacia abajo. La delincuencia organizada de los gobiernos de Herrera, de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes, la delincuencia está adentro de gobierno y la manejaban los gobernadores, en complicidad con Procuraduría General de Justicia, Seguridad Pública, jueces y toda una red de corrupción terriblemente bien estructurada”.
Filiberto se dice un preso político y asegura que existen denuncias contra directores de penales por su complicidad en la violación de los derechos de los reclusos y la operación de grupos criminales al interior de los mismos.
“Es la delincuencia organizada, porque los penales son como los ductos (robo de combustible), una estructura paralela a la del gobierno. La droga la pasan los jefes de plaza en contubernio con el director”, relata.
LOS DIRECTORES ESTÁN COLUDIDOS
Filiberto Luiz Rodríguez ha interpuesto al menos diez denuncias contra los directores de penales.
“Todos los zetas que van cayendo presos llegan como reyes a dirigir penales, ellos venden droga, venden alcohol, venden cristal, ellos venden cocaína a los internos, fiada cada domingo, y cada jueves hay que entregar cuenta”.
Sostiene que los directores dan “moches” al director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Camps Valencia, para mantenerse en el cargo.
“Esta impunidad los hace cómplices, porque si piensan ellos que van a seguir teniendo los moches que dan los directores para mantenerse en el puesto, definitivamente está mal porque yo me iría a instancias internacionales y el que tendría problemas sería Cuitláhuac García Jiménez”, añade.
El quejoso interpuso la denuncia FED/VER/SATUX/0002513/2017 contra el director del penal de San Andrés Tuxtla, Jorge Luis Cruz Naranjos.
También presentó la denuncia 4972/2018 por la operación del crimen organizado al interior del penal La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes.
Rodríguez Pérez tuvo oportunidad de toparse con el entonces candidato a gobernador Cuitláhuac García Jiménez y le entregó las denuncias y toda la información que ha recabado al respecto.
“También el entregué documentación ya como gobernador electo”.
A su juicio es necesario que se destituya a los directores de los 17 reclusorios del estado por la corrupción e impunidad que ha imperado en diversos casos de violaciones a los derechos humanos.
“Se tiene que quitar a todos los directores, a todos los subdirectores. Hacer una investigación con los custodios, volver a hacer los exámenes de confianza”.
VENDEN PLAZAS
El exrecluso comenta que en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social se venden las plazas de directores de penales.
“Hay custodios que están habilitados como directores sin tener la más mínima idea de lo que es ser un director. En los penales, con las células de la delincuencia organizada, ahí ellos conocen muy bien a los jefes de plaza y el jefe de plaza es quien dirige toda la violencia en mi región (Coatzacoalcos)”.
Refiere que en los 17 penales de la entidad tiene presencia el crimen organizado.
Y es que el defensor de derechos humanos tiene documentación sobre casos de abuso que cometen miembros de dichos grupos delictivos al interior de las cárceles de Cosamaloapan, Poza Rica, Pacho Viejo, entre otros.
“Todo está contaminado porque es la misma línea que se sigue desde hace 14 años, la corrupción no ha sido combatida en los penales veracruzanos”.
Filiberto Luiz ha entregado pruebas al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que se tome cartas en el asunto; sin embargo, pese a ello, las autoridades parecieran omisas.
“Denuncié el motín de La Toma donde murieron muchas personas y no hay culpables”.
Cabe recordar que en marzo de 2018, se registró un motín en el penal de La Toma, de Amatlán de los Reyes, donde murieron al menos siete personas, seis de las cuales eran policías.
Los elementos policiales ingresaron al penal para trasladar a cuatro reos peligrosos, vinculados a homicidios y secuestros.
“Los reclusos del grupo criminal de Los Zetas dirigían desde adentro la delincuencia de todo ese corredor Orizaba-Fortín”.
SUPERVISIÓN DE PERFILES
El pasado 28 de enero, el activista entregó un documento a la contralora general del estado, Leslie Mónica Garibo Puga, donde informa sobre dicha corrupción.
Allí se expone que las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) están “congeladas”, pues no hay avances en las investigaciones.
En ese sentido, solicita que audite cada expediente personal de directores, subdirectores, personal de custodia y empleados de los 17 penales, para saber si cumplen con los requisitos profesionales y psicológicos.
En diciembre de 2018 se llevó a cabo una inspección en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.
Rodríguez Pérez dirigió un oficio al actual mandatario estatal sobre dicha revisión donde expone que el operativo no significó nada.
Y es que se había alertado 24 horas antes sobre la realización del mismo al interior del Cereso.
El inconforme proporcionó el número celular 294 156 7931 para que fuese investigado en el área de inteligencia.
“Hay decenas de estos aparatos en todos los panelables, de ahí se contactan secuestros, extorsiones, drogas”.
SE RECONOCE EL PROBLEMA
En abril de 2018, el entonces candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Veracruz reconoció el problema.
En ese momento, acababa de suscitarse el motín en La Toma.
García Jiménez dijo tener conocimiento de que había corrupción al interior de los penales.
“No puedo creer que alguien que se dice muy ducho en seguridad no sepa lo que todo mundo ya sabía: que al interior de los penales hay corrupción, cobro de cuotas, control por parte de ciertos grupos delincuenciales. Ahora se dicen sorprendidos, pero debió haberse previsto. Yo no creo que nada más sea ineptitud. Creo que es complicidad”, declaró en aquella ocasión.
Por tal motivo, hay confianza en que el problema sea atendido durante el actual sexenio morenista.
Incluso, se ha propuesto la creación de la Contraloría Social Independiente del Gobierno, para que reporte directamente a las autoridades estatales lo que sucede al interior de las cárceles de Veracruz.