Desvío de más de mil 60 mdp en obras inconclusas, plazas y falsos contratos
-Acuden titulares de SEV, Sedesol y Espacios Educativos a promover sendas denuncias ante la FGE
Por Yhadira Paredes
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, presentó ayer martes una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por la asignación de 77 plazas a funcionarios de primer nivel, lo que significó un daño patrimonial superior a los cinco millones 547 mil pesos.
De acuerdo con lo dicho por el funcionario estatal, estas plazas serían autoasignadas al propio exsecretario de la SEV, Enrique Pérez, y jefes de departamento que incluso se presume cobraron doble sueldo.
Los delitos por los que se presentó dicha denuncia fueron: tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en la asignación de 77 plazas de manera irregular.
“Sí se constituye el delito de desempeñar un puesto de tiempo completo y al mismo tiempo otorgarse dinero retroactivamente en una plaza que nunca trabajaron; si al otorgarse puestos de trabajo abusando y aprovechando de ser parte de la estructura del cuadro de jefes en la SEV, constituye un delito; si al haberse otorgado plazas ajenas a la normatividad califica como incumplimiento de un deber legal, al otorgarse un beneficio que no les correspondía”.
Zenyazen Escobar precisó que las plazas y los pagos por las mismas se autorizaron desde marzo del 2018 y los pagos fueron retroactivos.
“Ahí en la carpeta de investigación la tendrá que hacer el fiscal, son 77 plazas. Se tenía una plaza, llegaron a la administración, se autoasignó otra clave o al autoasignarse otra clave les llega un monto retroactivo y entonces el salario es mucho mayor y cobraron doble”, finalizó.
MIL MILLONES EN OBRAS INCONCLUSAS
El titular del Instituto de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, informó que se presentaron denuncias contra exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por el desvío de recursos por mil millones de pesos por obras no concluidas.
Detalló que estos recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples por el orden de 548 millones de pesos; del Fondo Peso a Peso 33 millones de pesos; así como por cobros de pólizas y fianzas alrededor de dos millones.
“El fondo más afectado sería el FAM. Se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado y hemos dado cuenta a la Contraloría General del Estado por supuestos delitos por una cantidad de 644 millones, arriba de mil millones d pesos, las pruebas está y nada más depende que la FGE actúe”.
Asimismo, indicó que se trata de casi 700 obras que quedaron inconclusas en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, la mayoría perteneciente al programa Escuelas al CIEN donde se entregaron los anticipos a las empresas y no se concluyeron.
“Las obras abandonadas están a lo largo y ancho del Estado, son alrededor de 500 de la administración anterior, se contrataron obras en la última semana de noviembre y nos dejan cerca de 800, de las cuales alrededor de 500 están prácticamente abandonadas”.
El funcionario estatal manifestó que esta situación pone en riesgo a la administración actual, pues no se puede acceder a recursos al tener obras sin terminar.
Denunció que fueron asignadas dicha obras a un grupo en particular de empresas, mismas que llegaron por el anticipo y no han hecho absolutamente nada.
Finalmente, manifestó que algunas tienen un avance, pero mínimo, por lo que quedaron abandonados con un avance físico del 0 al 30%.
ÍNDIRA USÓ RECURSOS DE MANERA IRREGULAR
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de la actual senadora Indira de Jesús Rosales San Román simuló una licitación pública nacional para el arrendamiento de 283 autos y camionetas por un monto de 55 millones 806 mil 468 pesos, denunció el actual titular de la dependencia, Guillermo Fernández Sánchez.
Entrevistado tras la presentación de la segunda denuncia penal por irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción de la administración estatal en la Sedesol, acusó de una simulación, pues se entregó a una sola empresa tres contratos para el arrendamiento de 283 unidades, de las cuales solo se entregaron 226 unidades.
Asimismo, dio a conocer que no hay bitácoras del control de uso de cada una de las unidades, además de que se detectó falsificación de firmas en diversos documentos.
“El delito no lo puedo tipificar, pero es por el mal manejo de los recursos, los contratos no les puedo decir a cuánto asciende este delito, más bien les puedo decir que es un contrato en global por la renta de 287 vehículos por un monto de más de 55 millones, ese es el monto de los contratos. Es una empresa local y eso le corresponde a la unidad fiscalizadora (investigarla)”.
Destacó que se trata de un contrato signado en 2017 cuando Indira Rosales estaba al frente de la Sedesol, por lo que le corresponde en su tiempo y confirmó que hubo una simulación en el proceso de licitación.
Comentó que existen otras investigaciones en curso por la presunta comisión de delitos al interior de la dependencia, los cuales se encuentran documentando y posteriormente se presentarán las denuncias para evitar que se puedan echar abajo.
“Tenemos otras más (denuncias) pero en cuanto tengamos bien fundamentadas las denuncias, para que no las echen abajo”, finalizó.
NOTIFICAN A ZENYAZEN DE AVERIGUACIÓN EN SU CONTRA; ES INTIMIDACIÓN, ACUSA
Tras advertirle al fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, que no lo intimidará, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, dio a conocer que este mismo martes, mientras presentaba la denuncia por la asignación de 77 plazas de manera irregular, le fue notificada una investigación abierta en su contra.
A su salida de la Fiscalía General, el funcionario relató que un elemento de la Policía ministerial le notificó al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, que es requerido a declarar el próximo jueves a las 18:00 horas, aunque desconoce sobre qué asunto.
Aseguro que estas son acciones para intimidarlo. “Le decimos al fiscal que no le tenemos miedo y que vamos a continuar denunciando las irregularidades de sus amigos, en la semana que viene vamos a presentar otras cuatro denuncias, me quieren intimidar”.
“Policía Ministerial allá arriba me acaba de notificar, no viene por qué se me está citando, vamos a hacer los procesos legales correspondientes (...). No dice por qué, la verdad no sé sobre qué, pero tuve que venir yo a la Fiscalía para que me la dieran, entonces todos los delincuentes tienen que venir para que aquí les den sus notificaciones el fiscal”, finalizó.
PIDEN DIPUTADOS A FISCAL NO PROTEGER CORRUPCIÓN DE YUNISTAS
El Grupo Legislativo de Morena exigió al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, actuar como un verdadero abogado de las y los veracruzanos y no proteger a yunistas que hayan incurrido en posibles actos de corrupción, resolviendo conforme a derecho las denuncias presentadas contra los extitulares de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Enrique Pérez e Indira Rosales, respectivamente.
“El Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, ambos vinculados al Yunismo, deben actuar en apego a la Ley, no hacerlo agravará el estado de impunidad en el que se ha vivido en Veracruz durante años y se protegerá a quienes quebrantan el patrimonio del Estado”, expresó el coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín.
Tachó como grave que en la Secretaría de Educación de Veracruz, se otorgaran 77 plazas de manera ilegal, incluyéndose al ex titular Enrique Pérez Rodríguez como beneficiado, pero además, cobraran salarios sin trabajar una sola hora en la docencia, lo cual no sólo constituye un quebranto al erario público por más de cinco millones de pesos sino también un fraude a la educación de las y los veracruzanos.
En el caso de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de igual forma, se deberá sancionar a quien resulte responsable por el quebranto superior a los 55 millones de pesos generado por el arrendamiento irregular de 283 vehículos, pero de los cuales sólo se documentaron 226, sin que de estas existieran bitácoras de control, lo cual es corroborado además, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (ORFIS), tras revisar la cuenta pública de 2017, del gobierno Yunista.
Por su parte, el legislador Rubén Ríos Uribe, presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, exigió al fiscal Jorge Winckler demostrar que no obedece a los intereses de quien lo puso en su momento al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en verdad velará por salvaguardar el estado de derecho en Veracruz y combatirá la corrupción, de lo contrario, seguirá defraudando a las y los veracruzanos.
“Hay un gran reclamo de la ciudadanía contra las autoridades por solapar la corrupción y proteger a quienes incurren en delitos, lo que ha derivado en un alto grado de impunidad y violencia en Veracruz. Nadie está conforme con el desempeño del Fiscal General por lo que no se tolerará haga caso omiso ante las denuncias por los actos irregulares detectados en la SEV y SEDESOL”, evidenció el diputado cordobés.