Se debe transparentar compra de 160 patrullas
-Por concluir plazo, determina IVAI
Por Rafael Meléndez Terán
Este fin de mes se cumple el plazo para que tanto la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Contraloría General del Estado (CGE) entreguen la información que fue solicitada al respecto de la adquisición de 160 patrullas, después de que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) ordenara que se realizaran búsquedas exhaustivas.
De acuerdo con la comisionada presidenta, Yolli García Álvarez, se ponderó que es deber de los sujetos obligados transparentar y publicar para el conocimiento de la ciudadanía el uso y destino del ejercicio de los recursos públicos, máxime que parte de lo pedido estaba relacionado con obligaciones de transparencia y/o que se encontraba relacionado con sus atribuciones.
En un primer término, la Sefiplan deberá realizar una nueva búsqueda en el sistema Compraver sobre el contrato de adquisición y/o arrendamiento de las patrullas, identificación del proveedor, cláusulas básicas de pago, estudio de mercado para la adquisición, descripción del equipamiento y costo, especificación del procedimiento legal aplicado y su fundamento, documento de evaluación y fallo para adjudicar el contrato y copia de las actas de asignación del proceso de licitación, así como sobre la compra de cámaras. De no encontrarse, deberá remitir declaración de inexistencia.
Igualmente, deberá buscar y entregar el dictamen de suficiencia presupuestal relativo al arrendamiento de las patrullas; así como el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles presentado por la SSP y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la SSP, ambos autorizados por Sefiplan.
Destacó Yolli García que en a la SSP se le ordenó que proporcione: versión pública del contrato, por ser donde se puede advertir el programa de pagos y garantía otorgada para el cumplimiento, la denominación del intermediario financiero que realizó la operación y sus honorarios; autorización presupuestal; especificación del procedimiento legal aplicado y su fundamento; facturas; así como pronunciarse respecto de si se llevó a cabo un estudio de mercado; y emitir nuevas actas del Comité donde haga patente cuál es el riesgo real demostrable e identificable de divulgar la información.
Asimismo, el documento mediante el cual la Unidad Administrativa solicitó el procedimiento de adjudicación y por el que el Subcomité autorizó tal acto, ya que en ellos se encuentran las razones técnicas y jurídicas que fundamentaron la excepción al método de contratación por licitación pública; pólizas de seguro de cada una de las patrullas aseguradas; los expedientes integrados y que deriven de los procedimientos de licitación o adjudicación directa; y documentos que soporten la revisión de bases que hubiere realizado la Contraloría General del Estado a los procedimientos para la adquisición de patrullas, así como de cámaras.
El IVAI precisó que las características o equipamientos con los que cuentan las patrullas, número de motor, número de serie y clave vehicular es información susceptible de reservarse, en razón a que podría poner en riesgo la seguridad pública; por lo que la Secretaría proporcionará únicamente la que tenga el carácter de pública, eliminando las partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales.
En lo que respecta a la CGE, ésta respondió que el Órgano Interno de Control de la SSP le había informado que la documentación en su poder estaba reservada, toda vez que se habían radicado expedientes de investigación, pero no anexó las constancias de que esta manifestación hubiese sido avalada por el Comité de Transparencia y perdió de vista que en caso de actualizarse algún supuesto de reserva o confidencialidad debía realizarse versión pública.
Por tanto, la CGE deberá pronunciarse sobre la existencia de los expedientes integrados y que deriven de los procedimientos de licitación o adjudicación directa para la compra de patrullas y cámaras de vigilancia, así como de documentos que soporten la revisión de bases realizada por la Contraloría General del Estado a través del OIC a dichos procedimientos; y sobre si cuenta con información referente a la falta de pago de dichos procedimientos.
Hay que recordar que el pasado mes de julio, se hizo este exhorto después de que el pleno de este organismo resolviera un recurso de revisión por falta de respuesta entregada a un ciudadano en solicitud de información.
De tal manera que las tres dependencias cuentan hasta el 31 de agosto del presente para entregar, ni más ni menos, la información requerida por el órgano garante veracruzano.