Piden a procurador que revise actuar del Ministerio Público
María del Carmen Tolentino y Eliseo Hernández se entrevistaron en la capital del estado con este funcionario
COATZINTLA
Padres de Jordy Zuriel Hernández Tolentino, de ocho meses de edad, víctima de la imprudencia del taxista, José Manuel Romero Ríos, piden al procurador de Justicia en el Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, que revise el actuar de quien fuera titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público, Berta Guzmán Guzmán, y su secretaria Francisca Elorza Martínez, en hechos de presunta corrupción, porque dejaron libre al homicida.
María del Carmen Tolentino y Eliseo Hernández se entrevistaron en la capital del estado con el procurador y esta semana le harán llegar de manera formal su queja contra los citados funcionarios, ya que en su momento liberaron al taxista, sin fijarle fianza, ni exigirle reparación de daños o garantizar gastos médicos a las víctimas.
La afligida mujer pide que se revise porqué fue liberado el responsable del accidente, si el dictamen de los Servicios Periciales concluyó que las lesiones que presentaba su menor hijo son graves, de las que ponen en peligro la vida y tarda en sanar más de 15 días, además de que había perturbación funcional neurológica.
Cuestiona porqué la secretaria del Ministerio Público, Francisca Elorza Martínez, actuó más como abogada defensora del taxista homicida, José Manuel Romero Ríos, que con la imparcialidad que se espera de una representante social.
Dijo que el día que ocurrieron los hechos, 13 de enero de este año, la funcionaria se entrevistó con las personas que también resultaron lesionadas, Janeth Andrade Martínez, Ricardo Espinosa Jiménez, Óscar Cárdenas y Sara Gutiérrez, y les recomendó que no presentaran denuncia formal contra José Manuel Romero Ríos, pues si lo hacían, perdían el seguro de gastos médicos.
El menor, Jordy Zuriel Hernández Tolentino, pasó 16 días hospitalizado, pero no sobrevivió a sus lesiones. Para entonces, el taxista responsable del accidente, ya había sido liberado. El Ministerio Público lo dejó ir sin fijarle fianza ni exigirle garantía para el pago de daños y gastos médicos de las personas que lesionó.