Estado Islámico, un año de califato

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El grupo terrorista ha ejecutado a más de tres mil personas, controla la mitad de Siria y varios yacimientos de petróleo

 

Agencias

 

El Cairo

 

El autoproclamado califato del grupo terrorista Estado Islámico, que este lunes cumplió un año, emergió en Siria e Irak aprovechándose de la inestabilidad y los conflictos en ambos países, donde los yihadistas aplican la ley del terror en el territorio que dominan.

 

La organización, de tendencia radical sunita, avanzó rápidamente por ambos Estados hasta conquistar áreas que van desde la provincia siria de Aleppo hasta la iraquí de Diyala.

 

A pesar del acoso aéreo de la ofensiva lanzada por la alianza internacional encabezada por Washington, que apoya a las distintas fuerzas que lo combaten sobre el terreno, el Estado Islámico se ha mantenido firme y ha logrado su financiación gracias a la venta de petróleo, a los secuestros, la extorsión y al saqueo de antigüedades.

 

Sus orígenes, vinculados a Al Qaeda, se remontan a la época de la ocupación estadounidense en Irak (2003-2011); a partir de entonces dio el salto a Siria, donde adquirió poder al calor de la guerra y se independizó de la organización dirigida por Ayman al Zawahiri.

 

 

Ahora los yihadistas controlan la mitad de Siria, más de 90 mil kilómetros cuadrados del territorio, incluyendo las ciudades de Aleppo, Al Raqa, Homs y Hama, así como partes al Sur de Damasco, la capital siria. Además, tienen en sus manos la mayoría de los yacimientos de petróleo y gas de Siria, excepto los campos de Shaer y Yezl, en el este de Homs, bajo control del régimen, y los de Remilan, en poder de las milicias kurdas.

 

Para cimentar su control, el Estado Islámico ha abierto cientos de escuelas donde enseña a decenas de miles de niños la religión islámica, basándose en la visión del islamista saudita Mohamed Abdelwahab, que pregona una estricta aplicación de la ley islámica o sharia.

 

 

Ha sometido a los profesores a cursos de religión y les ha obligado a firmar un compromiso de que se abstendrán de impartir los programas gubernamentales de educación.