Avalan leyes anticorrupción; matizan la 3 de 3 en Senado
AGENCIA
Con 17 días de retraso, el Senado de la República aprobó tres de las siete leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero se matizó la de Responsabilidades Administrativas que incluye la declaración 3 de 3.
Los senadores aprobaron en lo general la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se establece que habrá una plataforma digital donde los ciudadanos podrán conocer las declaraciones y evolución patrimonial de los servidores públicos.
“Es también un sistema en el que tendremos registro de todos aquellos que han sido sancionados, servidores públicos pero también particulares, estará ahí el registro de quienes han incumplido”, explicó el presidente de la comisión anticorrupción del Senado, Pablo Escudero.
También habrá una sala especializada ante el Tribunal Administrativo que revise los casos de corrupción, mientras que la Auditoría Superior de la Federación tendrá más facultades de investigación para casos de corrupción.
Se espera que en las próximas horas se aprueben la Ley Orgánica de la PGR y las modificaciones al Código Penal Federal, como parte del paquete de cinco leyes del SNA que se encuentran en el Senado.
Las otras dos leyes: Fiscalización y rendición de cuentas de la federación y la ley de organización de la Administración Pública Federal se encuentran en la Cámara de Diputados.
Hasta el cierre de esta edición, se perfilaba discutir en lo particular la ley de Responsabilidades Administrativas que incluye la declaración 3 de 3, pues PAN y PRD alistaban una reserva para obligar a la máxima publicidad las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y no que fuera a voluntad de ellos si se hacían públicos sus datos y bienes patrimoniales.
A ese dictamen se le agregó un adéndum que establece en su artículo 29 que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
El PRI y PVEM dictaminaron que no fuera obligatoria la entrega de los informes patrimoniales, declaración fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, sino que sea a voluntad de los servidores públicos.