Justicia argentina ordena investigar a Cristina Fernández
AGENCIA
El cerco judicial sobre la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se estrechó ayer peligrosamente. La Cámara Federal de lo Criminal pidió jueves al juez Sebastián Casanello investigar “las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior” por sus vínculos con el empresario Lázaro Báez, quien se encuentra en prisión preventiva desde abril.
Báez, amigo personal de la familia Kirchner, está acusado de integrar una presunta red de lavado de dinero proveniente de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, de la que fue el máximo adjudicatario desde los tiempos en que era gobernador Néstor Kirchner, su amigo personal.
“Extraordinaria fortuna”. En su duro fallo, los magistrados consideraron inviable que el juez Sebastián Casanello investigue el “extraordinario incremento patrimonial ilícito” de Lázaro Báez sin analizar su relación con el entonces gobernador y luego presidente de Argentina, cargo que fue luego ocupado por la ahora imputada.
“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, señala el fallo.
Por tanto, la Cámara insta al juez Casanello a que investigue si hubo un acuerdo entre el empresario y el ex matrimonio presidencial “para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada”.
Video denuncia. La causa contra Báez, conocida en Argentina como “La ruta del dinero K”, comenzó hace tres años a raíz de un informe periodístico, y tomó impulso en marzo pasado cuando se difundió un video de 2012 que muestra a Martín, hijo de Báez, en una financiera contando miles de dólares.
Allanamientos. De forma paralela, otro juez ordenó una decena de allanamientos en la sureña provincia de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, en el marco de la causa que investiga a la ex mandataria por presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos.
El juez Claudio Bonadío -uno de los más enemistados con los kirchneristas-, ordenó allanar inmuebles de la sociedad Los Sauces, propiedad de los Kirchner, en tres localidades de Santa Cruz.