Demanda Manafort a Departamento de Justicia
AGENCIA
Paul Manafort, el exjefe de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró ayer una demanda contra Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la supuesta coalición de Rusia con el equipo de campaña del magante, para influir en las elecciones de 2016.
Manafort presentó en la corte federal en Washington una demanda contra el fiscal especial y contra el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, que avaló a Mueller para que dirigiera la investigación, y contra el propio Departamento de Justicia.
En el documento, el exdirector de la campaña de Trump para los comicios presidenciales de 2016 alega que el Departamento de Justicia violó la ley al nominar a Mueller para que liderase la investigación en mayo de 2017.
La demanda considera que la orden para nombrar a Mueller "excede el alcance de la autoridad de Rosenstein para nombrar a un fiscal especial, así como restricciones concretas relativas a nombramientos como ese".
También se centra en una parte de la petición de Rosenstein a Mueller de investigar "cualquier aspecto que emerja o pueda emerger directamente" de la causa, lo que desde el equipo de Manafort consideran un exceso de competencias al dar "carta blanca" de acción al fiscal especial.
Finalmente, el texto pide a la corte dejar a un lado esas acciones "arbitrarias" ejecutadas por Mueller, Rosenstein y el Departamento de Justicia.
El proceso contra Manafort es producto de la investigación de la conocida como "trama rusa", pero no está relacionado con las actividades que desempeñó dentro de la campaña de Trump.
Mueller acusa a Manafort y al que fuera "número dos" durante la campaña, Rick Gates, de haber creado una "red de entidades y cuentas bancarias" en diferentes países para ocultar hasta 75 millones de dólares que obtuvieron principalmente del Gobierno prorruso de Ucrania y de oligarcas rusos.
Ambos son acusados de 12 cargos entre los que figuran lavado de dinero, evasión de impuestos y "conspiración contra EU", delitos que podrían traducirse en más de diez años de prisión.
La demanda se produce en un contexto en el que el fiscal especial está recibiendo múltiples ataques por parte de algunas voces en las filas del Partido Republicano que tratan de poner en duda su legitimidad para llevar a cabo la investigación.