Acusan a Fox, Calderón y Ulises Ruiz por represión
AGENCIA
En un hecho inédito, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya información acusatoria que "puede constituir delitos de lesa humanidad" contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y contra el mandatario del estado, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el marco de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En entrevista telefónica desde La Haya, Holanda, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca detalló que el expediente, de más de mil 600 páginas, señala a los ex funcionarios mexicanos de su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, que "son delitos de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la CPI". Esto debido a que se agotaron las instancias nacionales para acceder a la justicia.
La comunicación presentada por el ombudsperson oaxaqueño se basa en tres documentos relevantes: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde cada instancia documentó la comisión de graves violaciones a las garantías fundamentales durante los acontecimientos en Oaxaca en el marco de las protestas de la APPO.
Otro elemento considerado son las conclusiones de la Comisión de la Verdad para investigar esos hechos, constituida por acuerdo del gobierno y el Congreso de Oaxaca, donde se llegó a la misma conclusión. Sin embargo, de acuerdo con Peimbert, pese a esas resoluciones no hay castigo aún contra los responsables, como lo determinó en una investigación la propia Defensoría a su cargo, la cual también forma parte de la documentación que él mismo entregó este jueves, acompañado de algunas de las víctimas de los hechos, ante la CPI.
Esta es la primera ocasión en la historia de este tribunal internacional que una institución pública de derechos humanos perteneciente a un Estado miembro (en este caso México) presenta una comunicación de este tipo.