Avalan 17 estados prisión preventiva
- El martes será declarada constitucional y enviada al DOF
AGENCIAS
MÉXICO
La reforma al artículo 19 de la Carta Magna para ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa fue aprobada ya por 17 congresos estatales, con lo que termina su proceso legislativo y el próximo martes la Cámara de Diputados y el Senado emitirán las declaratorias de constitucionalidad respectivas y se turnarán al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
Las legislaturas locales han actuado con gran celeridad, ya que esa reforma fue aprobada en el Senado cerca de la medianoche del miércoles y a partir del jueves los congresos estatales sesionaron de forma acelerada, y ayer se reunió ya la mitad más uno requerida.
El mismo camino vertiginoso sigue la reforma a diversos artículos constitucionales para la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que a 48 horas de su aprobación en el Senado tiene el aval de 14 congresos, sólo faltan tres.
En el caso de las modificaciones que agregan la extorsión, la producción y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, ya fueron aprobadas por los congresos de Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Su discusión en el Senado dividió al grupo del PAN, ya que siete de sus legisladores, entre ellos la coordinadora Guadalupe Murguía, dos exgobernadores y todos los estados que gobierna el blanquiazul, votaron junto con Morena y sus aliados, por lo que se superó el número requerido para la mayoría calificada. Sin embargo, el grueso de la oposición se manifestó en contra, bajo el argumento de que la prisión preventiva automática vulnera derechos humanos, entre ellos el de presunción de inocencia.