Prisión por ataques con jeringas
- PRI busca castigar con hasta 6 años de prisión
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
El grupo parlamentario del PRI en el Congreso capitalino presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer la agresión mediante pinchazo como un delito que se persiga de oficio con una pena de seis a cinco años de prisión, con agravantes, como el que la víctima pertenezca a grupos vulnerables como son menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad.
La diputada Tania Larios dijo que, con esta iniciativa busca, “lejos de la politiquería”, establecer un tipo penal que permita desincentivar dicha conducta ante los más de 40 casos que se han denunciado en la Ciudad de México en los últimos meses al disponer los elementos que permitan investigar y sancionar.
Advirtió que estos casos ya se han presentado también en los estados de México y Nuevo León, pero existen antecedentes de ese tipo de agresiones que comenzaron a visibilizarse en Europa, en países como Reino Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, España y Bélgica, donde se generaron alertas que obligaron a sus sistemas de salud y seguridad a establecer protocolos de prevención y atención.
Refirió que en el caso de Reino Unido en denominado “needle spiking” reportó mil 200 casos en cinco meses, entre septiembre de 2021 y enero de 2022, lo que obligó al parlamento británico a abrir una investigación formal y a considerar la creación de una nueva figura penal.
En la iniciativa que presentó la legisladora ante el pleno, se adiciona un capítulo al título tercero del Código Penal, relativo a los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, para establecer que “comete el delito de sumisión química por pinchazo quien introduzca, sin consentimiento de la otra persona, un instrumento con punta aguzada en un tejido, órgano o cavidad del cuerpo humano con la intención de drogarla, debilitarla y facilitar la comisión de otros delitos en su contra”.
Plantea cuatro hipótesis que agravan la pena y la incrementan en una mitad, si las víctimas pertenecen a grupos vulnerables; cuando sea cometido a bordo de vehículo particular o transporte público, sea cometido por más de una persona de manera coordinada, ocurra en lugar despoblado o solitario o en un lugar cerrado o con acceso restringido y si hay precedente de amenazas.