Escándalo de huachicol fiscal alcanza a mandos militares
· La FGR mantiene órdenes de aprehensión contra tres mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional
Agencia
Ciudad De México
La investigación federal sobre una de las mayores redes de contrabando de combustibles en México dio un nuevo giro luego de que trascendiera que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene órdenes de aprehensión contra tres mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presuntamente relacionados con la operación ilegal que permitió el ingreso y comercialización de millones de litros de hidrocarburos mediante esquemas de fraude aduanero.
El caso representa uno de los golpes más delicados para el modelo de militarización de las aduanas implementado por el Gobierno federal desde 2020. De acuerdo con la información revelada este lunes, los militares señalados habrían desempeñado cargos de responsabilidad en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, una de las principales puertas de ingreso de mercancías provenientes de Estados Unidos.
La investigación sostiene que, durante su gestión, una organización criminal logró importar alrededor de 144 millones de litros de hidrocarburos utilizando documentación falsa para hacer pasar combustible como insumos industriales o productos químicos, evitando el pago de impuestos y controles regulatorios.
La indagatoria identifica como principal operador financiero de la red al empresario Armando III Riestra Fernández, actualmente sujeto a proceso penal, quien presuntamente coordinó empresas utilizadas para introducir el combustible al país y distribuirlo posteriormente en el mercado nacional.
El caso comenzó a tomar fuerza tras el aseguramiento de un buque con combustible presuntamente ilegal en el puerto de Tampico, hecho que permitió a las autoridades reconstruir parte de la estructura utilizada para el denominado “huachicol fiscal”, modalidad distinta al robo tradicional de ductos, pues consiste en evadir impuestos mediante operaciones de comercio exterior simuladas.
Paralelamente, en Estados Unidos continúa desarrollándose un proceso judicial relacionado con la misma red criminal. Este lunes también se dio a conocer que uno de los principales testigos de las autoridades estadounidenses es Luis Ariel Rivera Rodríguez, empresario mexicano-estadounidense con antecedentes por delitos vinculados al robo y tráfico de combustibles.
Según documentos judiciales, Rivera comenzó a colaborar con la justicia norteamericana desde 2024 y aportó grabaciones, documentos y testimonios que vincularían a empresarios y operadores logísticos con el trasiego ilegal de hidrocarburos desde México hacia Texas.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la estrategia de asignar a las Fuerzas Armadas el control de puertos y aduanas como mecanismo para combatir la corrupción. Diversos especialistas en seguridad y comercio exterior advierten que, de confirmarse las imputaciones, el escándalo evidenciaría que la participación militar por sí sola no eliminó los incentivos para las redes de contrabando, las cuales continúan aprovechando esquemas de corrupción administrativa y vacíos en la supervisión aduanera.