Tras cuatro años de cárcel, no hay pruebas para enjuiciarlos
*Piden liberación de personas señaladas de secuestro
* Se manifiestan familiares en forma pacífica
Poza Rica, Ver.- Familiares de los 37 detenidos acusados de secuestro en un magno operativo policiaco que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2016 en la colonia Arroyo de Maíz en esta ciudad, se manifestaron de forma pacífica la mañana de éste miércoles en las instalaciones de la Unidad Regional de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado con sede en ésta ciudad, para exigir la pronta libertad de las personas que aún se encuentran en proceso de investigación.
El argumento de los familiares es que al cumplirse este jueves 4 años de la intensa movilización policiaca en el mencionado sector y que tuvo lugar durante la gestión del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, hasta la fecha, no se han encontrado pruebas contundentes a través de las cuales se les pueda fincar alguna responsabilidad a los señalados.
El pronunciamiento de los familiares inconformes se dio de manera pacífica, en tanto este día se llevaba a cabo la audiencia de 12 personas de las 37 que fueron detenidas en las acciones anteriormente descritas como parte del proceso de investigación.
Cabe recordar que como parte de esta investigación a 2 de las personas que fueron detenidas, ya se les aplicó sentencia y se encuentran en prisión, sin embargo está pendiente de definirse la condición del resto de personas que de igual manera fueron detenidas en éstas acciones.
“Tras cuatro años no hay víctimas, y no hay pruebas”, declararon los familiares quienes indicaron que hasta el momento la Fiscalía General del Estado sólo les ha dado largas, en relación al proceso judicial que se aplica en contra de los detenidos, sin embargo, ante la falta de pruebas de las cuales carece la institución en contra de los señalados, es justo dejarlos en libertad.
La situación de los familiares, señalaron, es precaria, considerando el hecho de que durante estos últimos cuatro años, han tenido un severo gasto en abogados, al grado tal que se han llegado a quedar sin recursos económicos, por lo que insisten en la necesidad de que la Fiscalía General del Estado haga todo lo posible por ponerlos en libertad, respetando el que no existan pruebas en su contra.