Veda por consulta es para no influenciar opinión: INE

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“Se debe suspender toda difusión de obras y acciones de gobierno y deberán abstenerse de este tipo de acciones, lo que no implica que se suspendan los programas”: JCM

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El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez confirmó que la veda gubernamental por la consulta popular, que busca enjuiciar a ex presidentes, tiene como intención evitar que figuras públicas puedan incidir en la participación ciudadana.

Recordó que a partir de este 15 de junio los personajes políticos y públicos, llámese gobernadores, alcaldes y diputados, tendrán que limitar cualquier promoción de acciones de gobierno.

Este jueves el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ofreció una conferencia de prensa en la que expresó su postura respeto de la consulta popular, en ese sentido, el funcionario detalló que si algún actor político viola la veda gubernamental se debe presentar una queja.

Recordó que es la primera consulta, por lo que no hay antecedentes de lo que se ha hecho en otros procesos, por lo que se sentarán los criterios de que sí y que no se puede hacer previo a una consulta popular.

“Si un actor político de relevancia, por su cargo, hace difusión de obras y logros y se conoce públicamente cuál puede ser su postura con la pregunta que se hace en la consulta popular, si la persona está inclinada por el sí o por el no, la gente puede tener afinidad con ese funcionario e influir en el ánimo de los ciudadanos”.

En ese sentido, dijo que solo podrán emitir algunas acciones en materia de protección civil, solo que esté relacionado con una emergencia, o para promover las acciones para reforzar las medidas sanitarias en los municipios o estados en los que se mantiene semáforo epidemiológico rojo.

La consulta popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

El primero de agosto se consultará si los mexicanos respaldan enjuiciar a los expresidentes de México por las políticas públicas que implementan.

“Se debe suspender toda difusión de obras y acciones de gobierno y deberán abstenerse de este tipo de acciones, lo que no implica que se suspendan los programas”, concluyó.