Complicado problema de transporte público

La población afectada por la falta de infraestructura dedica más de dos horas diarias para llegar a sus espacios de trabajo
Poza Rica, Ver.-
Garantizar el derecho constitucional a una movilidad segura, sustentable y equitativa es uno de los principales retos de la planeación urbana en México, ya que, 56% de las viviendas en el país se encuentran sin la infraestructura de acceso al transporte público, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El rezago en infraestructura de comunicación y transporte es una problemática que impacta en la vida diaria de la población afectada, la cual se ve obligada a dedicar más de dos horas diarias para llegar a sus espacios de trabajo.
Ante este panorama, la Sedatu y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) manifestaron que se requiere voluntad política para construir la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov).
Durante el primer foro para la construcción conjunta de la Enamov, el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien también es presidente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, destacó que la movilidad está estrechamente vinculada con la planeación urbana y se requieren acuerdos políticos entre los gobiernos locales y estatales.
“El punto central de estos trabajos y del cumplimiento de la ley es reducir muertes, salvar vidas; veámoslo como un mecanismo para resolver las diferencias políticas y dar soluciones a los problemas de movilidad y desarrollo urbano en México”, declaró el funcionario.
Una de las estrategias para combatir el rezago de transporte e infraestructura, ha sido reformar leyes de los institutos públicos de crédito a la vivienda en México.
De esta forma, se busca asegurar que los trabajadores tengan escuelas, centros de salud, de abasto, espacios recreativos y acceso a vías primarias de comunicación a una distancia máxima de 2.5 kilómetros.
Cabe mencionar que este primer foro nacional se realiza en cumplimiento a la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual entró en vigor en mayo del 2022 y se enfoca en analizar y proponer acciones de mejora al ordenamiento territorial.